YPF: Burford busca endurecer la presión contra el Estado argentino

Burford Capital solicitó que la justicia estadounidense declare a Argentina en desacato por retener información de funcionarios en el juicio por YPF. El fondo pide multas millonarias y embargos, mientras el Gobierno denuncia hostigamiento y afirma haber cumplido el proceso.

Actualidad de YPF.
Foto: NA.

La batalla legal en los tribunales de Nueva York ha escalado un nuevo peldaño tras la presentación formal de Burford Capital ante la jueza Loretta Preska. El fondo, que posee los derechos de la demanda por la nacionalización de la petrolera en 2012, ha solicitado que se declare a la República Argentina en situación de rebeldía o desacato. El argumento central de los querellantes es que el país ha evitado entregar información estratégica, específicamente comunicaciones privadas de actuales y antiguos funcionarios, las cuales consideran fundamentales para probar que entidades como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas funcionan como un brazo directo del Poder Ejecutivo.

Las penalidades económicas en juego

La propuesta de sanción elevada por el bufete de Christopher Bogart es severa y busca asfixiar financieramente al país mientras transcurre la apelación del fallo principal, que asciende a 16.000 millones de dólares. Entre las medidas exigidas figuran multas diarias de un millón de dólares por cada jornada de incumplimiento y la aplicación de sanciones civiles. Además, los demandantes pretenden que la Justicia estadounidense asuma como verdad jurídica que la documentación retenida por el Estado es, por definición, perjudicial para la defensa argentina, facilitando así futuros embargos sobre activos públicos en el exterior.

El descargo de la Procuración del Tesoro

Desde la defensa nacional, comandada por la Procuración del Tesoro, rechazan tajantemente las acusaciones de obstrucción. Según fuentes oficiales, el país ha cooperado con el proceso de intercambio de pruebas, habiendo suministrado ya más de cien mil folios de registros y testimonios de diversos agentes públicos. Los abogados del Estado califican la moción de Burford como una maniobra de hostigamiento destinada a entorpecer la normalización económica del país. Sostienen que el pedido de acceder a correos y mensajes personales de figuras como Luis Caputo o Sergio Massa es improcedente, dado que el Gobierno no tiene potestad legal sobre dispositivos privados ni sobre cuentas que la ley local considera inviolables.

Consecuencias para la imagen internacional

Este nuevo foco de conflicto judicial surge en un momento delicado para la agenda exterior argentina. El país se prepara para lanzar el “Argentina Week” en marzo, una serie de encuentros en Nueva York destinados a captar inversiones extranjeras. Un dictamen adverso de desacato podría empañar el clima de confianza que el Gobierno busca reconstruir en Wall Street. No obstante, expertos en litigios internacionales recuerdan que intentos previos de otros acreedores por embargar bienes de empresas estatales bajo la figura del “alter ego” fracasaron en el pasado, al considerar los tribunales que el control estatal sobre dichas firmas es el habitual para organizaciones de carácter público.

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