Un bono de 120.000 pesos y un alza del 2% para encargados de edificios incrementarán las expensas desde febrero. La medida, que impacta en el costo laboral, preocupa a los consorcios ante el aumento de la morosidad y los juicios.
Un bono de 120.000 pesos y un alza del 2% para encargados de edificios incrementarán las expensas desde febrero. La medida, que impacta en el costo laboral, preocupa a los consorcios ante el aumento de la morosidad y los juicios.
El primer mes de 2026 trae consigo una presión adicional para las finanzas de los consorcios debido al pago de una suma extraordinaria de 120.000 pesos destinada a los encargados. Este beneficio, pactado por el gremio que lidera Víctor Santa María, se suma a un incremento del 2% sobre los haberes básicos y diversos adicionales del convenio colectivo, como la antigüedad y tareas de limpieza específicas. A diferencia de otras compensaciones, este bono tiene carácter remunerativo, lo que implica que también genera cargos extras por aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social, elevando el costo final para los propietarios e inquilinos.
La escala salarial actualizada sitúa los haberes mínimos de un encargado con vivienda entre los 804.865 y los 965.838 pesos, dependiendo de su categoría, mientras que para el personal sin vivienda los sueldos superan el millón de pesos en los escalafones más altos. Dado que los gastos de personal representan aproximadamente el 30% del presupuesto de un edificio, esta actualización impactará de manera directa en las liquidaciones que los vecinos recibirán en febrero. Esta situación profundiza la tendencia de los consorcios a buscar alternativas de ahorro, como la contratación de agencias de limpieza externas o la eliminación del puesto de portería tras las jubilaciones del personal estable.
El escenario económico actual ha disparado la preocupación por la morosidad, que ya afecta a casi dos de cada diez unidades funcionales en el área metropolitana. Según datos del sector judicial, los procesos por falta de pago de expensas crecieron cerca de un 60% en el último año, lo que ha obligado a las administraciones a flexibilizar planes de financiación para evitar litigios. En paralelo, persiste el reclamo de los consorcistas por una mayor participación en las mesas de negociación paritaria, argumentando que las cámaras empresariales que firman los acuerdos no reflejan la realidad económica de quienes finalmente deben costear los aumentos.
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