La Fiscalía de Perú investiga al presidente José Jerí por tráfico de influencias tras reuniones secretas con empresarios chinos. El escándalo, apodado “Chifagate”, ha provocado que el Congreso exija su renuncia inmediata ante sospechas de corrupción en contratos de seguridad.
La gestión de José Jerí atraviesa su mayor crisis institucional tras cumplirse poco más de tres meses desde su asunción, debido a una serie de encuentros nocturnos y no registrados con el empresario chino Zhihua Yang. El caso, bautizado mediáticamente como “Chifagate”, cobró relevancia tras la difusión de imágenes que muestran al mandatario ingresando de forma encubierta a un restaurante y a un local clausurado. Ante las versiones contradictorias del Ejecutivo, que inicialmente calificó las citas como eventos de agenda diplomática para luego tildarlas de reuniones privadas, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Las sospechas apuntan a una posible negociación irregular vinculada a un contrato millonario para la instalación de sistemas de seguridad en el transporte público.
El aislamiento político de Jerí se ha profundizado tras el retiro del apoyo de sectores clave en el Parlamento, como Alianza para el Progreso, que ahora lidera un pedido de dimisión inmediata por responsabilidad ética. Aunque el presidente goza de inmunidad procesal hasta el término de su mandato en julio, el Congreso evalúa mecanismos como la moción de vacancia por incapacidad moral o la censura de la Mesa Directiva para forzar su salida anticipada. Este escenario se ve agravado por la presencia de individuos con antecedentes judiciales en las visitas registradas a la sede de Gobierno, lo que ha generado un fuerte rechazo social y cuestionamientos sobre la falta de rigor en los protocolos de seguridad presidencial.
Mientras el gabinete ministerial intenta tomar distancia de las acciones del mandatario, diversos analistas y figuras académicas denuncian una degradación de la investidura pública. La incertidumbre política coincide con un clima preelectoral de cara a los comicios de abril, lo que acelera el desmarque de los partidos que temen verse perjudicados por el escándalo. En este contexto de parálisis administrativa, los anuncios sobre planes de seguridad nacional han quedado postergados, mientras la justicia busca esclarecer los verdaderos alcances de la relación entre el jefe de Estado y los intereses del empresariado extranjero.
El régimen de Teherán acusó al presidente argentino de cruzar una “línea roja” y convertir al país en el “Israel de América Latina”. Advierten por una respuesta “proporcionada” tras el discurso de Javier Milei en Nueva York.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
En 1992, la población blanca de Sudáfrica votó mayoritariamente a favor de terminar con el apartheid en un referéndum histórico. El triunfo del “Sí” desactivó a la extrema derecha, validó las reformas de De Klerk y permitió la posterior elección de Nelson Mandela.
Argentina supera la media mundial en bienestar emocional, según un estudio de la Universidad Austral y Harvard. Pese a la incertidumbre económica, la resiliencia, los vínculos sociales y el sentido de propósito actúan como amortiguadores, configurando una notable paradoja social.
La ANSES, mientras tanto, sigue con los pagos correspondientes al tercer mes del año.
Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
Estados Unidos condicionó cualquier pacto económico con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel. Washington busca forzar un relevo en la cúpula para implementar reformas de mercado, mientras el régimen explora sucesores ante la crisis energética y la presión externa.
