En una votación de máxima paridad, la Eurocámara decidió elevar el tratado con el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar su legalidad. La medida, impulsada por la presión del sector agrícola y sectores críticos, paraliza de facto la ratificación de un pacto que llevó 25 años de negociaciones y …
La euforia por la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción duró menos de una semana. Este miércoles, el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para determinar si el pacto es compatible con los tratados fundamentales del bloque. Con 334 votos a favor y 324 en contra, la moción prosperó impulsada por una alianza heterogénea de legisladores que cuestionan tanto el impacto ambiental del tratado como la legitimidad de su base legal, la cual permitiría aplicar la parte comercial sin el consentimiento de todos los parlamentos nacionales.
El trasfondo de esta decisión está marcado por las masivas protestas de agricultores en Estrasburgo y otras capitales europeas. Los productores locales denuncian que la apertura de mercados a la carne, soja y miel sudamericanas constituye una “competencia desleal” debido a las asimetrías en las exigencias sanitarias y ambientales. Este malestar social, sumado al rechazo político de países como Francia y Polonia, ha encontrado en la vía judicial una herramienta efectiva para ganar tiempo y, posiblemente, forzar una renegociación de los términos que beneficien más al campo europeo.
Desde el punto de vista jurídico, el TJUE deberá evaluar la validez del “mecanismo de reequilibrio” incluido en el acuerdo, que algunos eurodiputados consideran que vulnera la autonomía regulatoria de la Unión. Este proceso judicial no es un trámite rápido: se estima que la corte de Luxemburgo podría tardar entre 18 y 24 meses en dictar una sentencia definitiva. Durante ese periodo, el proceso de ratificación parlamentaria quedará suspendido, dejando en el limbo las promesas de crecimiento y desgravación arancelaria para las empresas argentinas y del resto del bloque.
La parálisis llega en un momento de extrema fragilidad geopolítica. Mientras la administración de Ursula von der Leyen defendía el acuerdo como una respuesta estratégica frente a la política de aranceles de Donald Trump, la Eurocámara ha optado por una postura de repliegue. Para el gobierno de Javier Milei, que ya planeaba enviar el tratado al Congreso Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias, este freno europeo representa un duro revés para su agenda de inserción internacional inmediata y apertura de mercados.
En definitiva, el acuerdo más ambicioso de la historia reciente de ambas regiones vuelve a la zona de incertidumbre que lo caracterizó durante un cuarto de siglo. La intervención de la Justicia Europea no solo dilata los tiempos, sino que abre la puerta a un escenario donde el tratado podría ser declarado ilegal si los jueces consideran que se violaron procedimientos democráticos o estándares ambientales. Lo que el sábado se celebró como un hito diplomático en Paraguay, hoy se enfrenta al juicio técnico de una Europa que, presionada por sus productores, parece no estar lista para abrir sus fronteras.
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