Fue cuestionado por expertos internacionales por su falta de idoneidad y sus posteos sobre la dictadura.
Fue cuestionado por expertos internacionales por su falta de idoneidad y sus posteos sobre la dictadura.
El Gobierno nacional se apresta a nombrar a Bryan José Mayer como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH), pese a que su figura ya había sido objetada por expertos de Naciones Unidas por su falta de formación específica y por publicaciones públicas en las que relativiza los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Mayer ocupa desde agosto de 2025 el cargo de director de Capacidades Institucionales en el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH), organismo del que dependen el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA. En esa estructura, se desempeña como colaborador cercano de Ana Mármora, directora del centro, conocida por su activismo en posiciones conservadoras y por cuestionamientos previos en materia de derechos civiles.
Egresado de un liceo militar, Mayer se presenta como periodista y ha cultivado un perfil ligado a la defensa de las Fuerzas Armadas. Tuvo un breve paso por la política durante el macrismo, como secretario del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Rafaela, experiencia que terminó luego de que organizaciones de derechos humanos denunciaran publicaciones en redes donde celebraba el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Su exposición pública creció en octubre de 2023, cuando criticó la proyección de Argentina, 1985 en el Colegio Militar y calificó a la película como “pro terrorista”. El mensaje fue amplificado por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel.
Estos antecedentes motivaron que cinco relatores especiales de la ONU enviaran el 6 de noviembre de 2025 una comunicación formal al Estado argentino. Entre los firmantes figuraban Bernard Duhaime, Alexandra Xanthaki, Gabriella Citroni y Morris Tidball-Binz, quienes advirtieron que Mayer no contaba con preparación en derechos humanos y que sus declaraciones públicas minimizaban violaciones graves cometidas durante el terrorismo de Estado.
El documento sostuvo que desacreditar procesos de rendición de cuentas, como los juicios por crímenes de lesa humanidad —que ya acumulan más de 1.200 condenados en el país— socava pilares centrales de la memoria, la verdad y la justicia.
Los expertos internacionales también cuestionaron la designación de autoridades del CIPDH sin la imparcialidad necesaria para conducir instituciones ligadas a políticas de reparación y justicia transicional. Recordaron, además, que se trataba de la sexta advertencia remitida a la Argentina en poco más de un año por retrocesos en esta materia.
El 23 de diciembre, la administración de Javier Milei respondió formalmente defendiendo a Mayer y Mármora bajo el argumento de la libertad de expresión y sosteniendo que la reorganización institucional del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo ESMA dentro del CIPDH buscaba otorgar mayor autonomía frente a disputas partidarias.
Aunque el nombramiento aún no fue oficializado, Mayer ya se presenta públicamente como jefe de gabinete del nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, y recibe felicitaciones en redes sociales por su inminente designación
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