La diplomacia de “seducción” hacia los habitantes de las Islas Malvinas ha cruzado una frontera peligrosa para el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Tras una entrevista concedida al diario británico The Telegraph, en la que el presidente Javier Milei afirmó que la recuperación del territorio se daría cuando los isleños “así lo deseen”, la organización decidió pasar a la ofensiva judicial. La denuncia penal, que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, acusa al jefe de Estado de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, bajo una sombra que los denunciantes no dudan en calificar como “traición a la Patria”.
El eje del conflicto radica en una distinción jurídica y constitucional que no es menor. Mientras la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina establece la recuperación de las islas como un objetivo irrenunciable respetando el “modo de vida” de sus habitantes, los excombatientes advierten que Milei ha reemplazado ese concepto por el de “voluntad” o “deseo”. Según el abogado de la entidad, Jerónimo Guerrero Iraola, este giro discursivo convalida la postura británica de la autodeterminación, un principio que la ONU ha rechazado sistemáticamente para el caso Malvinas, al considerarlo una población implantada y no un pueblo colonizado.
La presentación judicial no solo apunta a los dichos recientes, sino que los enmarca en una estrategia de alineamiento absoluto con las potencias anglosajonas. Los denunciantes solicitaron a la Cancillería que informe sobre toda la actividad diplomática reciente, sospechando que estas declaraciones podrían constituir un “acto propio” con efectos jurídicos negativos para el reclamo soberano en foros internacionales. “No podemos permitir que un presidente tire al piso décadas de hitos diplomáticos por un capricho voluntarista“, señalaron desde el CECIM, calificando la postura oficial como “temeraria y delictiva”.
Mientras la Casa Rosada intenta bajarle el tono a la polémica enmarcando los dichos en una retórica de “respeto y paz”, el frente judicial promete escalar. Para los veteranos, el reconocimiento del deseo de los kelpers es una ofensa a la memoria de los caídos en 1982 y un incumplimiento flagrante de la manda constitucional. En un país donde la causa Malvinas es una de las pocas políticas de Estado que genera consenso unánime, el planteo de Milei ha abierto una grieta profunda que ahora deberá ser dirimida en los pasillos de Comodoro Py, donde la soberanía y la semántica política se enfrentarán en un juicio de alto impacto histórico.