El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias. La iniciativa busca reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, bajo la premisa de que “el que las hace, las paga”, independientemente de su edad.
La agenda legislativa de verano ha sumado un componente de alta sensibilidad social y política. En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto para reformar el régimen penal juvenil. La medida, que ha sido un eje central de las promesas de campaña en materia de seguridad, pretende establecer un nuevo marco de responsabilidad penal para menores de edad, bajando el piso de imputabilidad que actualmente se sitúa en los 16 años.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual ha quedado obsoleto frente a la evolución del delito y la participación de menores en crímenes graves. Según Adorni, la intención es que la ley no solo funcione como una herramienta de castigo, sino como un mecanismo de reparación y justicia para las víctimas. “No podemos permitir que el vacío legal actual sea una invitación a la delincuencia juvenil”, señaló el funcionario, subrayando que la reforma contemplará regímenes especiales de detención y programas de reinserción, evitando que los menores compartan establecimientos con delincuentes adultos.
El debate en las sesiones extraordinarias promete ser intenso. La oposición y diversas organizaciones de derechos humanos ya han manifestado sus reservas, argumentando que la baja de la imputabilidad no ataca las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de escolarización. Sin embargo, en los despachos oficiales confían en que el reclamo social por mayor seguridad impulsará el tratamiento de la norma. El proyecto incluye penas proporcionales a la gravedad del hecho cometido, estableciendo un sistema de justicia especializado que contemple la minoridad como factor, pero sin eximir de responsabilidad ante la ley.
La inclusión de este tema en extraordinarias responde a una estrategia de “mano dura” selectiva que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, viene coordinando con la cartera de Justicia. Para el oficialismo, la celeridad es clave para dar una respuesta política a los hechos delictivos recientes que involucraron a menores en centros urbanos. La discusión legislativa no solo se centrará en la edad, sino también en el presupuesto necesario para construir la infraestructura carcelaria y de rehabilitación que el nuevo régimen demandaría.
En términos institucionales, esta reforma representaría uno de los cambios más profundos en la legislación penal de las últimas décadas. Para el público adulto, el debate plantea un dilema ético y práctico sobre el rol del Estado: si debe priorizar la punición temprana como método disuasorio o fortalecer las redes de contención previa. Lo cierto es que, con la confirmación de Adorni, la Ley Penal Juvenil se convierte en el epicentro de la batalla política de este verano en el Congreso, donde se definirá qué modelo de justicia se aplicará a las nuevas generaciones de infractores.
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