La Justicia perita teléfonos y computadoras de funcionarios imputados
La Justicia perita teléfonos y computadoras de funcionarios imputados
La Justicia federal investiga hasta dónde pudieron extenderse las eventuales complicidades dentro del Banco Central en relación con maniobras millonarias vinculadas al dólar blue durante el período de cepo cambiario. La causa se apoya, en parte, en conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, en las que ambos admiten haber operado de manera ilegal en el mercado paralelo de divisas.
El expediente está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes buscan establecer si hubo participación o encubrimiento por parte de funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández. Por el momento, cinco empleados jerárquicos del organismo aparecen imputados y sus dispositivos electrónicos están siendo analizados por peritos especializados.
Los funcionarios investigados son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales del mismo sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras; y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.
Todos ellos fueron allanados en las últimas semanas y la Justicia secuestró teléfonos celulares y computadoras para avanzar con la reconstrucción de comunicaciones, documentos internos y posibles registros de inspecciones. La pesquisa apunta a determinar cuál era el rol concreto de estos funcionarios y si existieron omisiones o acciones deliberadas que facilitaran las operaciones atribuidas a Piccirillo.
El caso se intensificó tras la difusión de fragmentos de las conversaciones entre Piccirillo y Hauque, incorporadas al expediente. En esos audios, Hauque amenaza con hacer públicas las maniobras si Piccirillo no le paga una deuda de seis millones de dólares. Los investigadores interpretan que el intercambio podría revelar una red más amplia de vínculos y contactos dentro del aparato estatal.
En una de las grabaciones, aparece mencionada Romina García, quien mantiene un diálogo con Piccirillo. En ese audio, fechado el 1 de febrero de 2025 y difundido por medios nacionales, la funcionaria alude a que “había gente de arriba entongada”, frase que ahora es objeto de análisis judicial para comprender a quién se refería y en qué contexto.
Según consta en la causa, la grabación habría sido realizada por el propio Piccirillo, en un intento de que García presentara una denuncia por extorsión contra Hauque. En ese marco, también se investiga la existencia de borradores de denuncias y otros intercambios que podrían haber buscado involucrar a terceros o modificar el curso de la investigación.
Fuentes del expediente sostienen que el objetivo central es establecer si los funcionarios imputados cumplieron tareas de control sobre las cuevas financieras vinculadas a Piccirillo o si, por el contrario, existieron niveles de protección institucional. La hipótesis judicial apunta a que el empresario habría obtenido beneficios a través del llamado “rulo” del dólar blue, aprovechando diferencias cambiarias y mecanismos clandestinos de compraventa.
Mientras avanza el proceso judicial, el Banco Central inició una investigación administrativa interna para evaluar si los empleados imputados violaron normas del Código de Ética del organismo. Los cinco funcionarios continúan actualmente en funciones, aunque bajo seguimiento institucional.
La causa permanece en etapa de instrucción, con medidas de prueba en desarrollo. Las pericias sobre dispositivos secuestrados serán clave para determinar si existieron comunicaciones directas, encubrimientos o intervención irregular de personal estatal en maniobras financieras ilegales durante el cepo.
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