Bajo la premisa de “devolver la libertad a la cultura”, un decreto elimina el histórico Comité Asesor y adopta un sistema de homologación internacional liderado por el INCAA.
Bajo la premisa de “devolver la libertad a la cultura”, un decreto elimina el histórico Comité Asesor y adopta un sistema de homologación internacional liderado por el INCAA.
El cine en la Argentina ha dejado atrás un esquema de control que se mantenía inalterable desde el regreso de la democracia en 1984. A través de un decreto presidencial, el Gobierno nacional oficializó una reforma integral en el sistema de calificación cinematográfica, disolviendo la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. Esta entidad, que integraba a representantes del Estado, la Iglesia y diversos credos, era la encargada de decidir qué contenidos eran aptos para cada franja etaria. Con el nuevo régimen, el Estado se retira de la “veeduría” moral para ceder la responsabilidad a los padres y tutores.
El núcleo de la medida, celebrada por el ministro Federico Sturzenegger como un “paso hacia la libertad”, consiste en la homologación automática de las calificaciones otorgadas en los países de origen de los films. Dado que la mayor parte del material exhibido proviene de los Estados Unidos, el INCAA adoptará categorías similares a las de ese mercado (G, SP, R-13, R-17 y C). Este giro busca optimizar recursos y eliminar lo que el oficialismo considera una “desactualización” que recordaba a la censura retratada en clásicos como Cinema Paradiso.
Una de las modificaciones más disruptivas es la flexibilización del acceso a las salas. A partir de ahora, los menores de edad podrán presenciar cualquier película —con excepción de las de exhibición condicionada o pornográficas— siempre que estén acompañados por sus padres. Para el Ejecutivo, la autonomía progresiva de los jóvenes debe ser supervisada por su entorno afectivo y no por un comité de burócratas o religiosos, relegando al Estado a un rol meramente informativo mediante placas obligatorias antes de cada proyección.
La disolución del comité, que contaba con nueve integrantes por sala incluyendo psicólogos y abogados, marca un hito en la gestión de Carlos Pirovano al frente del INCAA. Según Sturzenegger, el objetivo es terminar con la “policía de la moral” y permitir que sea el público quien decida bajo sus propios criterios. No obstante, el Instituto se reserva la facultad de adecuar calificaciones de oficio cuando existan razones de orden público, manteniendo una red de seguridad mínima sobre los contenidos que circulan en el mercado nacional.
Esta reforma no solo moderniza el lenguaje de las categorías, sino que redefine la relación entre el Estado y el espectador. Al eliminar intermediarios en la clasificación, el Gobierno apuesta por un modelo de consumo cultural basado en la responsabilidad individual, alineando a la industria local con los estándares de los principales centros de producción audiovisual del mundo.
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