La discusión sobre la delincuencia juvenil, un dilema que ha atravesado décadas de la política argentina sin resoluciones definitivas, vuelve a golpear las puertas del Congreso. El oficialismo ha decidido incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma que pretende bajar la edad de imputabilidad, un texto que el año pasado logró consenso en comisiones pero perdió estado parlamentario por el recambio legislativo. La iniciativa no solo busca una respuesta punitiva ante hechos de violencia extrema, sino que intenta alinear la legislación local con la de países vecinos como Chile, Colombia y Perú, donde el umbral de responsabilidad comienza a los 14 años.
El corazón de la propuesta reside en una arquitectura de penas que huye de la simplificación del castigo. Para delitos cuyas penas no superen los tres años, el régimen propone medidas de reparación, tareas comunitarias y monitoreo electrónico, dejando la privación de la libertad como un recurso de última instancia. Sin embargo, para crímenes atroces como homicidios, abusos sexuales o secuestros, se establece un límite máximo de 15 años de prisión. Un pilar innegociable del proyecto es la prohibición de que los menores convivan con adultos en las cárceles, exigiendo la creación de centros especializados con personal capacitado en psicología y adicciones, lo que ha generado un foco de tensión con los gobernadores por el financiamiento necesario.
Más allá del castigo, el régimen pone el foco en el entorno del adolescente y la protección de la víctima. Se contempla la responsabilidad civil de los padres por los actos de sus hijos y se establece que los procesos sean reservados para no estigmatizar al imputado, salvo casos excepcionales. Por el lado de los damnificados, el proyecto les otorga un rol protagónico: tendrán acceso a patrocinio jurídico gratuito y asistencia social, garantizando que sean escuchados antes de que un juez decida aplicar penas alternativas. Es una apuesta por un sistema que, al menos en los papeles, busca equilibrar la seguridad ciudadana con el derecho a la reinserción social.
La urgencia del Gobierno por reflotar este debate está marcada por la tragedia. El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, víctima de más de 20 puñaladas presuntamente a manos de una compañera de 16 años, ha dejado a la sociedad en un estado de conmoción que la dirigencia busca canalizar legislativamente. La diputada Laura Rodríguez Machado será la encargada de conducir las negociaciones en la comisión de Legislación Penal, en un escenario donde el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de mantener los consensos con el PRO y la UCR. Argentina se asoma, una vez más, a la difícil tarea de definir cómo juzgar a quienes aún no han terminado de crecer.