Diputados escoceses descartaron el proyecto de eutanasia para enfermos terminales con 69 votos en contra y 57 a favor. La decisión marca el tercer intento fallido en dos décadas por modificar la legislación vigente.
Diputados escoceses descartaron el proyecto de eutanasia para enfermos terminales con 69 votos en contra y 57 a favor. La decisión marca el tercer intento fallido en dos décadas por modificar la legislación vigente.
El Parlamento de Escocia rechazó este martes la propuesta de ley que buscaba legalizar la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales. Tras una jornada de deliberaciones en Holyrood, la iniciativa legislativa no alcanzó la mayoría necesaria, con una diferencia de 12 votos que mantendrá la práctica en la ilegalidad dentro del territorio escocés.
La votación final registró 69 legisladores en contra del proyecto frente a 57 que lo respaldaron, mientras que el secretario de Salud, Neil Gray, optó por la abstención. Esta resolución representa el tercer rechazo parlamentario a propuestas de índole similar en los últimos 20 años, lo que consolida una tendencia legislativa contraria a la apertura de la asistencia médica para morir.
Liam McArthur, diputado del Partido Liberal Demócrata y principal promotor de la medida, sostuvo que el problema persistirá a pesar del resultado. McArthur argumentó que la falta de un marco legal obliga a los ciudadanos a tomar decisiones “a puerta cerrada” o en el extranjero. El legislador comparó la situación con modelos implementados en Australia y Nueva Zelanda para instar a una modernización del sistema.
La discusión dividió al parlamento entre la autonomía individual y la protección de sectores vulnerables. La diputada independiente Pam Duncan-Glancy, usuaria de silla de ruedas, manifestó su oposición al considerar que la ley pondría en riesgo a personas con discapacidades.
Según su testimonio, la labor legislativa debe centrarse en empoderar a los ciudadanos para “vivir bien” hasta el final de sus días mediante el fortalecimiento de los cuidados paliativos.
Por otro lado, defensores de la ley relataron experiencias personales sobre el temor al sufrimiento innecesario. El diputado del SNP, George Adam, instó a sus colegas a considerar la realidad de los enfermos terminales mencionando el caso de su esposa. En las afueras del recinto, grupos de manifestantes se congregaron para exigir el derecho a una muerte honesta y abierta con sus médicos.
Más allá de la voluntad política, la implementación del cambio enfrentaba complejidades técnicas. Debido a la naturaleza descentralizada del Reino Unido, la regulación de fármacos y profesionales sanitarios permanece bajo la jurisdicción del Parlamento de Westminster en Londres. Este conflicto de competencias planteaba dudas sobre la viabilidad de la norma incluso si el resultado de la votación hubiese sido favorable.
Mientras Escocia mantiene su postura, otros territorios cercanos como la Isla de Man y Jersey aguardan por la sanción real para sus propios proyectos de eutanasia.
En Inglaterra y Gales, iniciativas similares permanecen estancadas en la Cámara de los Lores, lo que refleja una resistencia institucional generalizada en el Reino Unido frente a una tendencia que, según sondeos citados en el proceso, contaría con el respaldo de sectores amplios de la población.
La determinación del Parlamento escocés deja abierta la interrogante sobre el futuro de los cuidados al final de la vida. Si los intentos legislativos han fallado sistemáticamente durante dos décadas, ¿es el marco legal actual suficiente para atender las demandas de los enfermos terminales, o requiere el sistema una transformación profunda en sus garantías de protección social antes de considerar la asistencia en la muerte?
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