La tregua inflacionaria parece no alcanzar a los servicios esenciales. A partir del 1° de febrero, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un nuevo esquema tarifario en el transporte público. En la Ciudad, el boleto mínimo de colectivo subirá a $637,58, mientras que en la Provincia el ajuste del 4,5% llevará el tramo inicial a $721,08. El subte no se queda atrás: el pasaje con tarjeta SUBE registrada alcanzará los $1.336, un valor que impacta directamente en el costo de movilidad diaria de miles de trabajadores.
En el ámbito de la vivienda, el panorama es dispar pero siempre al alza. Quienes aún mantienen contratos bajo la antigua Ley de Alquileres sufrirán una actualización anual del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Para los nuevos acuerdos bajo el esquema de libre contratación, los ajustes trimestrales y cuatrimestrales oscilarán entre el 6% y el 8%, dependiendo de lo pactado. A esto se suma el incremento del 4% en las tarifas de agua (AySA), una medida con la que la empresa busca revertir el retraso tarifario acumulado durante el año pasado.
El sector privado también ajusta sus planillas. Las prepagas ya notificaron incrementos del 2,8% en cuotas y copagos, justificando la suba por la evolución de los costos operativos de salud. De manera similar, los servicios de telefonía, internet y cable aplicarán subas de hasta el 3,5%. El dato clave del mes será la implementación del nuevo esquema de subsidios focalizados para luz y gas, que redefine quiénes recibirán asistencia estatal basándose en patrimonio y consumo, lo que podría derivar en facturas más onerosas para los sectores de ingresos medios.
Este encadenamiento de subas pone a prueba la estrategia oficial de anclaje de expectativas. Si bien el Gobierno apuesta a una inflación de un solo dígito, la indexación de los servicios regulados y la presión de los costos privados mantienen el costo de vida en una pendiente ascendente. Para el consumidor medio, febrero no será solo el mes del carnaval, sino un período de reingeniería financiera para acomodar los nuevos valores de la canasta de servicios básicos.
La dinámica de estos aumentos refleja la complejidad de salir de un esquema de precios pisados sin generar un shock recesivo. En la medida en que los salarios continúen corriendo por detrás de estos ajustes en infraestructura y salud, el consumo interno seguirá mostrando signos de debilidad. El desafío del Ejecutivo será lograr que este reordenamiento tarifario sea el último escalón antes de una estabilidad real que alivie, finalmente, el bolsillo del contribuyente.