La investigación federal por el fentanilo contaminado sumó en las últimas horas un dato clave: ya se confirmaron 111 víctimas fatales vinculadas a la inoculación del opioide adulterado. El listado completo de fallecidos fue enviado por el juzgado al Cuerpo Médico Forense, que ahora deberá analizar las muestras y validar oficialmente los resultados.Según informaron fuentes …
La investigación federal por el fentanilo contaminado sumó en las últimas horas un dato clave: ya se confirmaron 111 víctimas fatales vinculadas a la inoculación del opioide adulterado. El listado completo de fallecidos fue enviado por el juzgado al Cuerpo Médico Forense, que ahora deberá analizar las muestras y validar oficialmente los resultados.
Según informaron fuentes del expediente a la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento se realizó durante la Feria Judicial y abarcó un total de 159 casos bajo evaluación. En ese universo, 48 pacientes lograron sobrevivir a la sustancia contaminada, mientras que el resto murió tras recibir el medicamento.
El trabajo técnico del Cuerpo Médico Forense será determinante. Si los peritos ratifican la cifra final de fallecidos, la situación judicial de los imputados podría agravarse. Actualmente hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados como responsables de la fabricación y distribución del lote cuestionado.
“Fue un proceso de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, explicó una fuente cercana a la causa, al describir el esfuerzo por consolidar información clínica, registros sanitarios y antecedentes médicos de cada paciente.
García Furfaro fue procesado como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”. En el expediente se le atribuye haber provocado inicialmente la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración peligrosa para la salud pública. La acusación también incluye su intervención junto a otros 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios, a quienes se señala por haber tomado decisiones vinculadas a la fabricación, venta y distribución del lote 31202.
Ese lote estaba destinado al uso sanitario público y contaba con una orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024. Sin embargo, la Justicia sostiene que el proceso de elaboración presentó múltiples irregularidades, algunas consideradas críticas.
De acuerdo con el escrito judicial al que accedió la agencia NA, la contaminación se habría producido por falencias graves en los controles de calidad y por alertas internas que no fueron atendidas. La acusación remarca que las adulteraciones derivaron en la presencia de bacterias peligrosas dentro del producto, lo que habría generado la crisis sanitaria.
Mientras el expediente avanza en tribunales, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia. Consideran que se trata de una de las tragedias sanitarias más severas registradas en el país vinculada a medicamentos adulterados.
En los últimos seis meses se realizaron al menos tres marchas en La Plata y Rosario, con el objetivo de mantener visible el caso y exigir condenas para los responsables. Para las familias, el proceso judicial debe garantizar que las muertes no queden impunes y que el nombre de cada víctima permanezca presente en la memoria pública.
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