Una iniciativa en el Congreso de Michoacán, México busca eliminar la obligatoriedad de la firma del progenitor deudor o ausente para viajes y documentos de menores. La propuesta intenta evitar que la patria potestad se utilice como herramienta de extorsión o represalia en disputas familiares.
El panorama legal para los padres custodios en México podría dar un giro radical con la irrupción de la denominada “Ley Cazzu”. Esta propuesta legislativa, impulsada originalmente por la diputada Sandra Arreola Ruiz en Michoacán, pone el foco en una problemática burocrática recurrente: la negativa de los padres no custodios a firmar autorizaciones para que sus hijos obtengan el pasaporte o puedan viajar al extranjero. El proyecto busca que, ante casos comprobados de abandono o incumplimiento de pensión alimenticia, el progenitor que tiene el cuidado cotidiano del menor pueda realizar estos trámites de forma autónoma.
Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exige de manera estricta la anuencia de ambos padres. En situaciones de conflicto, esto se convierte en un obstáculo que obliga a las familias a recurrir a largos y costosos procesos notariales o judiciales. La “Ley Cazzu” propone que la movilidad y el derecho a la identidad de los niños y adolescentes no queden supeditados a la voluntad de un padre deudor, evitando que la firma se convierta en una moneda de cambio o una forma de violencia económica y psicológica.
El nombre de la iniciativa surgió del impacto mediático tras la separación de la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal, situación que visibilizó las limitaciones legales que enfrentan miles de familias. Al igual que ocurrió con la Ley Olimpia (contra la violencia digital) o la Ley Sabina (contra deudores alimentarios), esta reforma se suma a una tendencia de legislación con perspectiva de género que busca sancionar la irresponsabilidad parental y proteger el interés superior del menor.
Especialistas en derecho familiar señalan que este cambio es fundamental para modernizar un sistema que, hasta ahora, ha permitido que el incumplimiento de responsabilidades no tenga consecuencias inmediatas en la gestión de documentos oficiales. De aprobarse, la normativa garantizaría que derechos básicos como la educación o la convivencia familiar no se vean truncados por disputas entre adultos, priorizando siempre el bienestar y la libertad de movimiento de los menores de edad.
Por presuntas maniobras de lavado de dinero, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió citar a indagatoria al exlegislador José Luis Espert. La causa analiza transferencias de 200.000 dólares provenientes de una cuenta asociada al empresario aeronáutico Fred Machado.
Chiche Gelblung ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei este miércoles debido a un cuadro febril. El conductor de 82 años había recibido el alta médica hace cuatro días, luego de permanecer casi un mes en terapia intensiva.
Postergaron una semana la actividad legislativa en la Cámara alta tras un acuerdo entre oficialismo y bloques aliados. El próximo jueves debatirán el pedido de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presuntas irregularidades patrimoniales.
Mediante un aval de hasta 550 millones de dólares, el BID facilitará que Argentina acceda a financiamiento privado por 1200 millones. La medida se acopla al reciente respaldo del Banco Mundial para abaratar el costo del crédito externo.
Luego de descender con el Mallorca, varios medios europeos dan por hecho la presencia de “Micho” en la Bundesliga.
Doblete de Harry Kane, uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford, mientras que Petar Musa y Martin Baturina descontaron para los croatas.
Mediante un escrito de 46 páginas presentado este martes ante la Justicia federal, la defensa del imputado Mauricio Novelli rechazó la hipótesis de fraude por el token $LIBRA y exigió retirar la condición de damnificados a cinco compradores del activo.
Repartidor de 60 años sobrevivió a un disparo en el abdomen durante un asalto en Lanús. El hecho reabre el debate sobre la vulnerabilidad laboral nocturna y la eficacia de las investigaciones judiciales de oficio.
