La recuperación de un edificio perteneciente al CONICET se transformó en el escenario de una nueva batalla dialéctica entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Tras el operativo policial que desalojó el inmueble, Jorge Macri utilizó sus redes sociales para exhibir material proselitista hallado en el lugar —incluyendo banderas de Cristina Kirchner y Axel Kicillof— y disparó: “Si quieren okupar, vayan al Conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”.
Con esta acción, la gestión porteña alcanzó la cifra de 555 inmuebles recuperados en lo que va del mandato, incluyendo predios emblemáticos como el de Parque Avellaneda. Para Macri, el operativo no fue solo una cuestión de orden público, sino un acto de diferenciación política frente a lo que denomina la “postura complaciente” de la gobernación de Kicillof ante las ocupaciones ilegales. “En la Ciudad la ley se cumple”, subrayó el mandatario, reafirmando que no permitirá intrusiones bajo ninguna “justificación social”.
La ofensiva de Macri no se limitó a la propiedad privada. En sintonía con la agenda de seguridad que el gobierno de Javier Milei llevará al Congreso en febrero, el Jefe de Gobierno volvió a reclamar la baja de la edad de imputabilidad. Bajo el lema “delito de adulto, pena de adulto”, Macri presionó por la aprobación del nuevo régimen penal juvenil tras la detención de un menor con antecedentes en una persecución por la General Paz. “Con las leyes actuales no alcanza”, sentenció, alineándose con el proyecto oficial que busca fijar la edad de imputabilidad en los 14 años.
Sin embargo, esta postura encuentra una resistencia de peso en la Iglesia Católica. La Comisión Episcopal de Pastoral Social ratificó su rechazo a la baja de la edad, instando al Gobierno a buscar “cambios profundos” que no se limiten al castigo. Según el documento eclesiástico, es imprescindible un régimen que tenga una “mirada humana e integral” y que mantenga la edad actual de 16 años, enfocándose en la prevención y la reinserción en lugar de la criminalización temprana.
El escenario político de este verano queda así configurado por una doble tensión: por un lado, el conflicto jurisdiccional y partidario entre la Ciudad y la Provincia por el manejo de las tomas de tierras; por el otro, el debate moral y legal sobre cómo el Estado debe responder ante la delincuencia juvenil. Jorge Macri ha decidido jugar fuerte en ambos tableros, consolidando un discurso de orden que promete ser el eje de la discusión legislativa en las próximas semanas.