Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
Este miércoles, el centro de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió nuevamente en un escenario de alta conflictividad social. Desde temprano, diversas agrupaciones de jubilados iniciaron su habitual movilización, a la que esta vez se sumaron organizaciones de izquierda, sectores del sindicalismo y colectivos vinculados al kirchnerismo.
El objetivo de la marcha era expresar un rechazo masivo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una jornada que pretendía avanzar por la Avenida de Mayo para culminar con una radio abierta multisectorial en la intersección con la 9 de Julio.
La tensión escaló rápidamente cuando los efectivos de la Policía Federal comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes rodearan el edificio del Congreso.
En las inmediaciones de las calles Combate de los Pozos y Alsina, se produjeron enfrentamientos donde las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta, escudos y empujones para dispersar a la multitud.
Durante el operativo, se reportaron ataques y situaciones de violencia que afectaron a personas con discapacidad, trabajadores de prensa e incluso a un jubilado que se desplazaba en muletas.
Más tarde, efectivos de Gendarmería se sumaron al despliegue desde la Avenida Entre Ríos, reforzando una presencia policial que resultó desproporcionada ante el número de participantes.
Uno de los hechos más significativos de la tarde fue la situación del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante de Curas en Acción por los Pobres. El religioso fue detenido inicialmente bajo la acusación de agredir a un uniformado.
Sin embargo, tras la intervención de varios diputados de Unión por la Patria —entre ellos Eduardo Valdés y Paula Penacca— y la presentación de videos que demostraban su inocencia, la fiscalía decidió desestimar los cargos. A pesar de haber recuperado la libertad, Olveira regresó al lugar de la protesta y fue aprehendido por segunda vez.
En el plano legislativo, el conflicto en las calles coincide con la aceleración de la estrategia oficialista en la Cámara Alta. La Libertad Avanza ya formalizó el pedido para sesionar el próximo miércoles 11 de febrero al mediodía, con el fin de tratar la reforma laboral.
El pedido lleva la firma de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a referentes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Bullrich aseguró que el texto del proyecto está prácticamente cerrado y confía en obtener la media sanción en el Senado. Mientras tanto, los sectores opositores ya preparan un paro nacional para el día del debate.
América Latina mantiene uno de los gastos militares más bajos del mundo, enfocándose en modernizar equipos obsoletos y combatir el crimen interno. Según el SIPRI, la región prioriza lo socioeconómico, aunque busca proteger sus recursos estratégicos en un mercado global competitivo.
El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
James Comey negó haber amenazado a Donald Trump tras ser acusado por una publicación en redes sociales. El exdirector del FBI defendió su inocencia y la independencia judicial, mientras la fiscalía califica el proceso como un cargo rutinario contra funcionarios.
El Senado de EE. UU. rechazó restringir la autoridad de Donald Trump para intervenir militarmente en Cuba. La mayoría republicana frenó la iniciativa demócrata, en un contexto de creciente presión económica y retórica de la Casa Blanca contra el gobierno isleño.
Un ataque con drones israelíes en Gaza mató al comandante de Hamás, Iyad al-Shanbari, y a cuatro civiles, incluido su hijo. Pese a la tregua vigente, la persistente violencia en el enclave continúa sumando víctimas y acusaciones cruzadas de incumplimiento.
El rey Carlos III instó al Congreso estadounidense a mantener la unidad y el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa. En un contexto de tensiones diplomáticas, el monarca rechazó el aislacionismo y reivindicó la alianza transatlántica.
El “Granate” quedó en el segundo lugar del grupo G con seis unidades.
Un tribunal municipal de San Petersburgo declaró extremista y prohibió las actividades de la Red LGBT Rusa en todo el país, ampliando la represión contra organizaciones y personas LGBTI en Rusia.
