A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo nacional dio cumplimiento a la ley aprobada en 2025 que ordena la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas. La medida, oficializada en el límite del plazo legal, establece auditorías obligatorias y un reempadronamiento general de los beneficiarios.
En una decisión forzada por los plazos de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó este martes la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida, plasmada en el Decreto 84/2026 del Boletín Oficial, se produce luego de que el Juzgado Federal de Campana ordenara la aplicación inmediata de la Ley 27.793, cuya ejecución permanecía suspendida por el Ejecutivo bajo el argumento de “falta de financiamiento”. Con la firma del presidente Javier Milei, la norma establece un nuevo paradigma para la asistencia social, centralizando las políticas del área bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El eje central de la reglamentación es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, un beneficio que reemplazará de oficio a todas las pensiones otorgadas bajo regímenes anteriores. Este proceso de conversión impone a la autoridad de aplicación la tarea de identificar, relevar y verificar la situación de cada prestación vigente. El objetivo oficial es depurar el sistema y asegurar que los recursos se destinen a quienes cumplen con los nuevos criterios de evaluación socioeconómica, los cuales serán acordados con el Consejo Federal de Discapacidad en un plazo de 30 días.
La nueva normativa introduce mecanismos de control más rigurosos, incluyendo un plan de auditorías periódicas para garantizar la transparencia en la asignación de fondos. El decreto faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad para dictar las normas complementarias que definan las incompatibilidades con otros ingresos y beneficios. Según los considerandos de la norma, el sistema busca articularse con las políticas de inclusión laboral, incentivando que la percepción de la pensión no sea un obstáculo para la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo formal.
Un punto relevante de la reglamentación es el esquema de cofinanciamiento entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto establece que las medidas adicionales que se acuerden en el seno del Consejo Federal dependerán de las “disponibilidades presupuestarias” de cada jurisdicción, lo que abre un interrogante sobre la uniformidad de la cobertura en todo el territorio nacional. Esta articulación federal será clave para la implementación de los procedimientos administrativos y los mecanismos de control territorial previstos en la ley.
La entrada en vigencia de este decreto, fechada el 3 de febrero, desactiva el conflicto judicial inminente, ya que el miércoles 4 vencía el plazo otorgado por la justicia federal para poner en marcha la ley sancionada por el Congreso en julio de 2025. Con la Secretaría Nacional de Discapacidad ahora integrada al organigrama de Salud, el Gobierno busca dar una respuesta institucional a la emergencia del sector, aunque la efectividad del nuevo régimen dependerá de la celeridad con la que se lleven adelante los relevamientos y la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para sostener las prestaciones de protección social.
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