El Gobierno italiano presentará un decreto en el Consejo de Ministros para limitar la cantidad de estudiantes extranjeros en las escuelas, prohibir el uso del velo integral y exigir el aprendizaje del idioma a los padres.
El Gobierno italiano presentará un decreto en el Consejo de Ministros para limitar la cantidad de estudiantes extranjeros en las escuelas, prohibir el uso del velo integral y exigir el aprendizaje del idioma a los padres.

El Gobierno de Italia formalizará en el Consejo de Ministros un proyecto de ley enfocado en el sistema educativo nacional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó el envío de la iniciativa redactada por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara. La propuesta fija un límite numérico de estudiantes extranjeros por aula e incorpora la prohibición del burka y el hiyab dentro de los establecimientos escolares.
Durante un encuentro con la agrupación Juventud Nacional, la jefa de Estado defendió la obligatoriedad de asistir a clase con el rostro descubierto. Asimismo, argumentó que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un principio innegociable dentro del marco legal del país.
La normativa exigirá además que las familias de alumnos con dificultades severas de inserción cursen estudios del idioma local. Para dicha capacitación, el Ejecutivo prevé destinar cerca de 100 millones de euros en fondos públicos.
La iniciativa reavivó los cuestionamientos de las fuerzas opositoras sobre la aplicación práctica del esquema de cuotas. La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, tachó la medida de propaganda e incidió en su inviabilidad técnica.
Dirigentes de agrupaciones como Alianza Verdes e Izquierda, Más Europa e Italia Viva recordaron la vigencia del límite del 30 % estipulado en la circular de 2010 por la exministra Mariastella Gelmini.
Para evitar evasiones, el nuevo texto delega en las oficinas escolares regionales la redistribución de alumnos no comunitarios hacia centros cercanos. Esta medida impactará principalmente a regiones del norte como Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto, donde la concentración de estudiantes de origen extranjero resulta más elevada. Los alumnos provenientes de países de la Unión Europea quedarán exentos de la restricción por las normas comunitarias.
Paralelamente, el proyecto contempla rebautizar como liceos a los institutos de formación técnico-profesional para equiparar su estatus institucional. En materia de educación superior, la presidenta del Consejo de Ministros destacó un incremento en la financiación ordinaria para las universidades.
Según las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo, la partida alcanzó los 9.400 millones de euros, lo que representa un aumento del 25 % respecto a los 8.400 millones registrados en 2019.
El debate legislativo abrirá discusiones sobre la capacidad operativa de los distritos escolares para reubicar alumnos en el territorio. Asimismo, la obligatoriedad lingüística para las familias extranjeras pondrá a prueba los mecanismos de fiscalización del Estado. La efectividad de la norma dependerá de la capacidad de las administraciones regionales para responder a la realidad demográfica de las aulas italianas.
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