Tras el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial en X por parte del Gobierno nacional para desmentir informaciones, ADEPA y FOPEA cuestionaron el riesgo de vigilancia estatal sobre el periodismo y la atribución de funciones de monitoreo sobre los contenidos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestaron su rechazo ante la puesta en marcha de la “Oficina de Respuesta Oficial“.
Esta nueva dependencia, que opera mediante una cuenta en la red social X, fue impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de desmentir informaciones y señalar lo que el Gobierno califica como maniobras mediáticas de sectores políticos.
La entidad que agrupa a los editores periodísticos aclaró que, si bien el Estado posee el derecho legítimo de difundir su gestión, la preocupación radica en la metodología elegida.
Según ADEPA, el organismo parte de la premisa de que toda información discrepante es una mentira deliberada, cuando la labor profesional consiste en el contraste de visiones. En sus comunicaciones, recordaron que el Gobierno debe funcionar como una fuente de información más y no como un juez encargado de validar o invalidar el debate público.
Por otro lado, FOPEA calificó la iniciativa como un “tribunal de la verdad“. El foro advirtió que el uso de estructuras oficiales para vigilar o señalar el disenso crítico atenta contra los principios de una sociedad libre. La organización remarcó que la obligación estatal es garantizar la libertad de expresión, no auditarla.
La nueva oficina depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira. Desde el oficialismo justificaron la medida como una respuesta necesaria ante el avance de las noticias falsas (fake news) tras la quita de la pauta publicitaria oficial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la necesidad de “desmentir con claridad“, sosteniendo que el objetivo es que el ciudadano logre diferenciar datos de relatos.
El cuestionamiento también alcanzó el plano político aliado. Referentes del PRO, como la legisladora porteña Laura Alonso, expresaron que no existen excusas para que el aparato estatal intervenga en la fabricación de una verdad oficial.
Alonso sostuvo que la respuesta debe darse en el marco del debate y no desde estructuras de poder. En sintonía, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que mientras no se utilicen fondos públicos para perseguir o silenciar, el intercambio de visiones es parte de la democracia.
La implementación de esta oficina abre un interrogante sobre el futuro de la relación entre el poder político y la prensa independiente.
Mientras las autoridades sostienen que buscan transparencia frente a la desinformación, las instituciones periodísticas enfatizan que el único juez válido del trabajo profesional es la gente.
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