El Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro ordenó el traslado de Agostina Páez a un centro de detención tras detectar riesgo de fuga. La abogada de 29 años estaba monitoreada con tobillera electrónica por agredir a empleados.
El Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro ordenó el traslado de Agostina Páez a un centro de detención tras detectar riesgo de fuga. La abogada de 29 años estaba monitoreada con tobillera electrónica por agredir a empleados.
El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para la ciudadana argentina Agostina Páez, de 29 años, en el marco de una causa por injuria racial. La medida, solicitada por el Ministerio Público, modificó la situación de la imputada, quien desde el 21 de enero permanecía bajo vigilancia con una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el territorio brasileño.
Todo se originó el pasado 14 de enero en un local gastronómico de Ipanema.. Según la investigación de la Policía Civil, clausurada el 23 de enero, Páez emuló gestos de un simio y dirigió insultos discriminatorios a los empleados del lugar tras una discrepancia por el costo de la consumición.
El tribunal fundamentó el traslado a un régimen de reclusión preventiva ante la posibilidad de que la imputada, en libertad, pudiera amedrentar a las víctimas o entorpecer la instrucción del caso.
La defensa de la joven, de profesión abogada, sostuvo que la medida es excesiva. Por su parte, Páez difundió un video a través de sus redes sociales donde manifestó su temor y denunció una presunta vulneración de sus garantías procesales.
En sus declaraciones previas, la argentina reconoció que su comportamiento fue inapropiado, pero argumentó que se trató de una respuesta defensiva ante presuntas conductas obscenas y agresiones por parte del personal del bar.
En Brasil, el delito de injuria racial fue equiparado al de racismo en términos de severidad legal. De ser hallada culpable, la acusada enfrenta una pena de dos a cinco años de prisión efectiva. Los fiscales señalaron que las pruebas recolectadas, que incluyen grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, confirman que los hechos trascendieron una simple discusión comercial.
Tras la notificación judicial, el magistrado a cargo deberá determinar el establecimiento penitenciario donde Páez continuará el proceso. El caso reabrió el debate sobre el rigor de las leyes locales frente a actos discriminatorios y la responsabilidad de los turistas extranjeros ante la legislación del país vecino.
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