El juez Casanello procesó a Diego Spagnuolo y otros 18 implicados por montar una red de corrupción en la Andis. Se les acusa de asociación ilícita y fraude mediante sobornos y sobreprecios, utilizando el organismo de discapacidad para enriquecimiento personal.
La justicia federal dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, quien fuera el máximo responsable de la Andis bajo la actual administración nacional. El magistrado Sebastián Casanello lo consideró penalmente responsable de encabezar una estructura criminal orientada a desviar fondos públicos mediante licitaciones amañadas y la percepción de retribuciones ilegales. La resolución judicial subraya que el organismo, cuya misión es velar por uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, fue utilizado como una herramienta para el lucro personal de funcionarios y empresarios allegados.
Junto a Spagnuolo, la justicia procesó a otros 18 implicados, entre ellos Daniel Garbellini, exsubdirector del ente, y los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según la investigación, estos últimos habrían ejercido un control de facto sobre la agencia desde el ámbito privado, coordinando con la cúpula oficial la adjudicación de contratos con sobreprecios significativos. Casanello describió un esquema de “corrupción institucional” donde los intereses privados primaron sobre el bienestar de las personas con discapacidad, transformando a la Andis en una caja recaudadora ilícita durante los primeros meses del mandato de Javier Milei.
El fallo de procesamiento no se limita a los hechos detectados hasta el momento. El juez Casanello advirtió que la magnitud del fraude y la impunidad con la que operaba el grupo sugieren que la red podría tener ramificaciones más profundas dentro y fuera de la agencia. El magistrado hizo hincapié en que la organización no parecía actuar de forma aislada, dada la “desfachatez” con la que se ignoraban las advertencias de otros funcionarios y las quejas de proveedores excluidos. Esto abre la puerta a nuevas indagaciones que busquen determinar si existen niveles de responsabilidad jerárquica superiores en el organigrama estatal.
Si bien la causa tomó estado público tras la filtración de grabaciones en las que se mencionaba la supuesta participación de figuras del círculo íntimo presidencial en el reparto de porcentajes, el juez y la fiscalía basaron sus acusaciones en pruebas documentales y patrimoniales, evitando utilizar dichos audios para blindar la legalidad del proceso. Simultáneamente, el juzgado desestimó los pedidos de las defensas para invalidar el expediente, confirmando que la investigación cuenta con sustento independiente de las polémicas grabaciones.
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