El gasto público nacional descendió al 14,5% del Producto Bruto Interno en 2025, el nivel más bajo en una década. Este recorte de 5,1 puntos respecto a 2023 se concentró en obra pública, subsidios y prestaciones no contributivas, mientras crecieron las asignaciones familiares y la AUH, según informes de Fundación Libertad y Analytica.
Durante el transcurso de 2025, la participación del Estado en la economía nacional experimentó un retroceso histórico, ubicándose en apenas un 14,5% del Producto Bruto Interno. Esta cifra, relevada por un estudio de la Fundación Libertad, consolida una tendencia de achicamiento fiscal respecto al 20% registrado apenas dos años atrás. El recorte se sostuvo principalmente sobre el cese de proyectos de infraestructura, la poda de asistencias sociales específicas y una reducción drástica de las subvenciones destinadas a los servicios de energía y transporte público.
El análisis desglosado muestra que la obra pública y diversas prestaciones de seguridad social —excluyendo haberes jubilatorios básicos— fueron las áreas más castigadas por la tijera presupuestaria. No obstante, en jubilaciones el ajuste fue casi imperceptible en términos de PBI, aunque el reporte advierte que el poder de compra de los pasivos se mantiene en mínimos preocupantes. Por otro lado, la administración de los salarios estatales y los giros de capital hacia las casas de altos estudios y los distritos provinciales también aportaron una cuota significativa al ahorro del fisco.
Hacia el cierre del último ejercicio, consultoras privadas como Analytica observaron que, si bien el ajuste general perdió velocidad respecto al año previo, hubo un cambio notable en la asignación de recursos. Mientras que los subsidios energéticos cayeron un 35%, las transferencias corrientes a las provincias crecieron por mandatos judiciales y el clima de comicios. De cara al ciclo 2026, las previsiones indican que el gasto continuará contrayéndose cerca de un 9% en términos reales, con una única excepción relevante en el auxilio financiero a compañías energéticas estatales.
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