Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
El plan estratégico de la Casa Blanca para ampliar la infraestructura de reclusión de extranjeros enfrenta una resistencia coordinada que trasciende la protesta callejera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas experimenta severas dificultades logísticas al intentar adquirir naves industriales y terrenos debido a un bloqueo multifacético: gobernadores que promulgan leyes prohibitivas, alcaldes que revocan permisos y propietarios privados que, bajo presión social, rechazan ofertas millonarias. Este escenario ha convertido la búsqueda de alojamiento para los miles de nuevos arrestados en una disputa de soberanía territorial entre estados y el gobierno federal.
En Nuevo México, una reciente normativa veta el uso de espacios públicos para fines migratorios, mientras que en Misuri y Maryland se han congelado proyectos de rehabilitación de almacenes. A pesar de contar con un presupuesto de 45.000 millones de dólares para este despliegue, la agencia se topa con el dilema de la idoneidad técnica de los locales, que carecen de servicios básicos para albergar a miles de personas. Aunque el Ejecutivo defiende estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, la negativa de ciudades clave a ceder recursos locales ha forzado al organismo a buscar alternativas en zonas remotas, intensificando el debate sobre el trato humanitario y el impacto económico en las comunidades anfitrionas.
Los primeros cómputos de las elecciones intermedias mostraron avances demócratas en Georgia, Carolina del Norte y Nuevo Hampshire. El control de la Cámara y del Senado seguía indeciso, con resultados preliminares que podrían demorar días.
Tras la denuncia de su familia, efectivos policiales hallaron muerta a la docente María Itatí Yossen en la casa de su expareja en Santa Fe. Las autoridades investigan un presunto femicidio seguido de suicidio.
En Abu Dabi, delegados de Rusia y Ucrania negociarán el fin de la guerra el 10 y 11 de noviembre. El encuentro contará con mediación estadounidense para acordar garantías de seguridad y frenar los ataques energéticos antes del invierno.
La Inspección General de Justicia anuló la asamblea de APTRA tras un reclamo de Marcelo Polino, designó veedores para revisar los balances adeudados desde 2018 y advirtió que podría intervenir la entidad comandada por Luis Ventura si no regulariza su situación.
Tras confirmar la grilla diaria para el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza Argentina habilitó la venta de entradas individuales por jornada mediante AllAccess con planes de financiación.
Ante el reclamo de inversores y tributaristas, el Gobierno modificará la iniciativa enviada a Diputados para mantener la exención impositiva a los CEDEARs. Desde el oficialismo aclararon que la propuesta formaba parte de un texto viejo.
Este lunes en Telefe, el jurado de Popstars seleccionó a las ocho participantes que continúan en competencia. Solo cinco de ellas conformarán la alineación definitiva del nuevo grupo Chapeaux.
Metrodelegados liberarán molinetes este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la Línea A, en Flores, para reclamar a la empresa Emova por descuentos salariales que consideran injustificados.
