Revés judicial para el matrimonio De Vido-Minnicelli

El juez Sebastián Casanello procesó a Julio De Vido y Alessandra Minnicelli por enriquecimiento ilícito, tras detectar un desfasaje patrimonial de 690.000 dólares. La justicia investiga la compra simulada de un departamento de lujo y trabó un embargo de 998 millones.

Julio de Vido. Foto NA

Tras casi dos décadas de instrucción, el magistrado Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Julio De Vido y su cónyuge, Alessandra Minnicelli, bajo el cargo de enriquecimiento ilícito. El fallo judicial pone el foco en el crecimiento desmedido de los activos de la pareja durante su permanencia en la administración pública entre 2003 y 2015. Como medida cautelar, la Justicia dispuso un embargo preventivo que alcanza los 998 millones de pesos, al considerar que existen pruebas suficientes sobre un desfasaje financiero que no guarda relación con las remuneraciones percibidas por sus roles en el Ministerio de Planificación y la Sindicatura General de la Nación.

El departamento de lujo y la maniobra societaria

Uno de los pilares de la resolución es la adquisición de una propiedad de alto valor sobre la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Según el juez, el matrimonio habría orquestado una simulación de alquiler para ocultar la verdadera titularidad del inmueble, que estaba registrado a nombre de una firma sin capacidad económica para tal operación. La pesquisa determinó que el valor de compra declarado fue sensiblemente inferior al de mercado y que los fondos para su obtención provendrían de circuitos no declarados, vinculando la maniobra con el desvío de dinero de empresas contratistas del Estado.

Peritajes y falta de respaldo documental

El Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema advirtió serias dificultades para validar los saldos iniciales en efectivo que los imputados afirmaron poseer al inicio de la gestión kirchnerista. Además, se detectó una ausencia total de declaraciones juradas correspondientes a los años previos a su llegada a Buenos Aires, cuando De Vido se desempeñaba como funcionario en la provincia de Santa Cruz. Para el tribunal, los gastos de consumo personal y familiar registrados durante el periodo investigado resultan incompatibles con los haberes lícitos declarados, consolidando la hipótesis de una estructura destinada a encubrir el origen ilícito de sus bienes.

Nota escrita por:
Te recomendamos...