Buscando flexibilizar el arresto domiciliario, la defensa presentó un reclamo para eliminar el control electrónico y las restricciones horarias en la terraza. El planteo surge tras el endurecimiento de las medidas por reuniones no autorizadas con economistas.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, formalizó un pedido ante la Cámara Federal de Casación Penal para modificar las condiciones de detención de la expresidenta. El escrito de 32 páginas argumentó que las restricciones actuales son arbitrarias y que el comportamiento de la condenada fue ejemplar desde el inicio de su arresto en el domicilio de la calle San José al 1100.
El conflicto legal escaló luego de que la justicia endureciera el régimen de control el año pasado. Tras una reunión no autorizada con nueve economistas, el juez Jorge Gorini limitó las visitas a dos encuentros semanales de máximo dos horas y estableció un tope de tres personas simultáneas.
Asimismo, el magistrado restringió el uso de la terraza a solo 120 minutos diarios, basándose en las normas de tratamiento para reclusos.
Beraldi sostuvo que el monitoreo mediante tobillera electrónica resulta innecesario. La defensa se apoyó en una postura previa del juez Mariano Borinsky, quien señaló que la custodia policial permanente y la notoriedad pública de Kirchner hacen imposible un intento de fuga. Para sus abogados, la vigilancia actual constituye un “castigo adicional” que viola el principio de igualdad ante la ley.
Por otra parte, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, rechazó la solicitud y dictaminó que se deben mantener las condiciones vigentes.
Según el Ministerio Público, la reunión con los profesionales de la economía defraudó la buena fe del tribunal y justificó la aplicación de un esquema de seguridad más rigurosa para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la libre utilización de la terraza. La defensa alegó que el contacto con el aire libre es un derecho básico para la salud psicofísica y que no existe normativa que faculte a los jueces a regular los horarios de uso de los espacios privados dentro de una prisión domiciliaria.
La resolución final quedó en manos de la Sala IV de Casación. Mientras el juez Borinsky se mostró inclinado a la flexibilización, sus colegas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña mantuvieron históricamente una postura más estricta.
Sin embargo, la decisión del tribunal definirá si el estatus de exmandataria permite prescindir de herramientas tecnológicas de control o si el rigor penitenciario debe prevalecer sin excepciones.
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