La Corte Suprema anuló un fallo que incrementaba desproporcionadamente una indemnización mediante la capitalización de intereses no solicitada. El tribunal advirtió que los jueces se extralimitaron, vulnerando el principio de congruencia y afectando la previsibilidad económica en los litigios laborales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino nuevamente en la regulación de los resarcimientos por desvinculación laboral, invalidando un veredicto de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los magistrados del alto tribunal consideraron que los jueces de alzada se extralimitaron en sus funciones al aplicar un sistema de actualización de deuda que superó ampliamente lo pretendido por las partes. La controversia surgió cuando la Cámara modificó de oficio el cálculo de los réditos, elevando el monto final sin que existiera una petición formal por parte del beneficiario para alterar dicha metodología.
El eje del reproche judicial residió en que la Sala X de la Cámara laboral implementó el acta 2764/2022, la cual habilita la acumulación periódica de dividendos sobre el monto principal. Este mecanismo, que produce un crecimiento geométrico de la cifra adeudada, fue introducido en una etapa donde la discusión sobre la tasa ya estaba firme. Según los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los jueces de segunda instancia resolvieron sobre aspectos que no formaban parte del recurso de apelación, afectando el derecho de defensa de las compañías empleadoras, que fueron quienes recurrieron al tribunal buscando, paradójicamente, una reducción de la condena.
Este nuevo precedente se suma a una línea doctrinaria establecida en fallos anteriores como “Oliva” y “Lacuadra”, donde la Corte Suprema ha intentado moderar las liquidaciones que arrojan resultados económicos irracionales. El tribunal insistió en que los mecanismos de ajuste no pueden quedar al arbitrio de los jueces si no se respeta el marco de lo solicitado en el proceso. En un escenario donde los juicios laborales alcanzaron las 134.000 presentaciones anuales durante el ciclo 2025, la resolución busca dar previsibilidad al sistema y evitar que las compensaciones se desvinculen de la realidad económica de los sectores productivos.
Más allá de la cuestión técnica, el fallo pone de relieve la ineficiencia del esquema de litigiosidad vigente. Datos del sector asegurador indican que el trabajador promedio percibe apenas poco más de la mitad del valor total que desembolsa la empresa tras un fallo condenatorio. El resto del capital se fragmenta en una onerosa cadena de intermediación que abarca tasas estatales, peritajes y honorarios profesionales de los letrados intervinientes. Esta brecha entre el costo para el empleador y lo que efectivamente recibe el damnificado sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión en el debate sobre la reforma del fuero laboral.
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