El conflicto policial en Santa Fe se agravó tras el fracaso de las negociaciones salariales. Con patrulleros inmovilizados y agentes pasados a disponibilidad, la tensión crece en Rosario y la capital, mientras surge el temor a que la protesta se extienda.
La tensión en territorio santafesino alcanzó un punto crítico este miércoles, luego de que se frustrara el encuentro previsto entre las autoridades gubernamentales y los representantes de los efectivos sublevados. Lo que comenzó como un reclamo focalizado en Rosario se transformó en un escenario de barricadas y patrulleros inmovilizados, mientras desde la administración provincial denuncian maniobras de desestabilización. La incertidumbre sobre una resolución pacífica crece, alimentada por el descontento de una fuerza que exige una recomposición de sus ingresos básicos ante la inflación.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció la validez inicial de los pedidos, pero advirtió que la protesta cruzó un límite legal al registrarse abandonos de tareas y daños al equipamiento oficial. Como respuesta, el Ejecutivo inició el pase a disponibilidad de al menos veinte agentes, a quienes se les retiró el armamento reglamentario. Paralelamente, la justicia investiga si grupos externos a la institución policial están instigando los desmanes para afectar la seguridad pública. Por su parte, el abogado de los uniformados, Gabriel Sarla, condicionó cualquier avance en la negociación a una presencia directa del ministro, rechazando las propuestas previas por considerarlas parches que no impactan en el salario real.
Más allá de lo estrictamente económico, el malestar policial expone fallas en la cobertura de salud mental y el agotamiento por jornadas de servicio excesivas. El reciente fallecimiento de un suboficial con problemas psicológicos se convirtió en un símbolo de las carencias que denuncian los familiares apostados en las jefaturas. En este contexto, las autoridades nacionales observan con preocupación la situación ante la posibilidad de que el conflicto se replique en provincias vecinas; ya se han reportado convocatorias a marchas en Entre Ríos para mediados de marzo, lo que evoca los traumáticos acuartelamientos ocurridos en otras latitudes del país durante el último año.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
