Federico Sturzenegger defendió la reforma laboral, destacando la reducción de pagos por licencias en lesiones ajenas al trabajo, como el fútbol. El ministro resaltó la descentralización de convenios, el tope a cuotas sindicales y la transparencia en los costos patronales.
Tras obtener el respaldo inicial del Senado, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, profundizó en los pilares de la reforma laboral. El funcionario subrayó que el país arrastra una década sin generación de empleo registrado, con un mercado donde la informalidad alcanza a la mitad de la población activa. Según su análisis, el principal escollo para la contratación no es el costo de las indemnizaciones en sí, sino la “industria del juicio” alimentada por fallos que multiplicaban los montos de forma imprevisible mediante tasas de actualización desproporcionadas.
Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue la distinción entre dolencias inculpables y lesiones derivadas de actividades privadas. Sturzenegger argumentó que es necesario segmentar la responsabilidad del empleador según el origen de la afección. En casos de enfermedades sobrevinientes ajenas al trabajador, la cobertura salarial se reducirá al 75%.
Sin embargo, para incidentes que resulten de una acción voluntaria y recreativa del empleado —citando como ejemplo una lesión durante un partido de fútbol—, el pago durante el periodo de incapacidad temporal bajará al 50%. El objetivo, según el ministro, es evitar el uso abusivo de licencias psiquiátricas o de salud que se tornan indefinidas sin costo para quien las solicita, equilibrando el esfuerzo financiero de las empresas.
El ministro planteó un cambio de paradigma en la negociación colectiva, moviéndose desde un esquema centralizado hacia uno basado en la realidad de cada unidad productiva. Inspirado en modelos de regiones más dinámicas de Europa y América del Norte, el proyecto introduce el principio de “prelación”, donde los acuerdos firmados a nivel de empresa prevalecerán sobre los convenios nacionales.
Esta medida busca evitar que condiciones pactadas en áreas de alta productividad (como Buenos Aires) resulten inviables para pymes del interior, provocando desempleo o informalidad. “Cada sector debe poder ajustarse a su condición específica”, defendió el funcionario, remarcando que este sistema requiere de sindicatos de base activos y empoderados.
En el plano impositivo, la reforma propone que el recibo de sueldo exhiba el costo laboral total, incluyendo las contribuciones patronales que actualmente suelen estar ocultas para el trabajador. Esta “transparencia” se complementa con una poda en las cargas que el Estado cobra por cada contrato.
Reducción de aportes: el Gobierno resigna recursos para que las empresas financien fondos de previsibilidad.
Tope sindical: las contribuciones obligatorias a los gremios, que en ciertos sectores llegaban al 7%, se limitarán ahora a un máximo del 2%.
Incentivo “Refund”: un esquema de beneficios fiscales específicos para quienes realicen nuevas incorporaciones de personal.
Finalmente, Sturzenegger aclaró el funcionamiento del “banco de horas”, señalando que no elimina el pago de horas extra, sino que legaliza la flexibilidad horaria. El sistema permitiría, por ejemplo, que un empleado pacte no asistir los viernes a cambio de distribuir esa carga horaria en los otros días de la semana sin que eso genere recargos para la empresa, siempre que exista un acuerdo mutuo. Además, destacó la regularización de los trabajadores de plataformas digitales, brindándoles un marco jurídico que permite a las aplicaciones ofrecer seguros sin riesgo de que se interprete como una relación de dependencia tradicional.
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