Unión por la Patria advirtió que cualquier modificación en Diputados a la reforma laboral obligará a que el proyecto regrese al Senado. Mientras el oficialismo busca corregir artículos sobre licencias médicas, la oposición amenaza con judicializar la norma junto a los gremios.
El arco opositor en la Cámara de Diputados ha fijado una postura intransigente frente a la intención del Ejecutivo de retocar el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo el visto bueno en la Cámara Alta. Germán Martínez, referente de la bancada de Unión por la Patria, enfatizó que la dinámica parlamentaria impide realizar ajustes unilaterales sin consecuencias. Según su perspectiva, cualquier alteración al articulado original forzaría inexorablemente el retorno del expediente al Senado para una nueva evaluación, lo que pondría en riesgo la celeridad que el Gobierno pretende para la sanción de la norma.
El centro de la polémica radica en un apartado específico sobre las licencias por motivos de salud, cuya redacción inicial contemplaba disminuciones en los haberes de los trabajadores. Ante el descontento generado, representantes de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, admitieron la necesidad de establecer excepciones para cuadros clínicos de gravedad o enfermedades degenerativas, garantizando el cobro íntegro del sueldo en esos casos. Sin embargo, la oposición no solo cuestiona este punto, sino que mantiene un rechazo estructural a la propuesta, argumentando que vulnera derechos fundamentales y anticipando que la batalla podría escalar hasta el ámbito judicial en coordinación con las centrales sindicales.
Desde la Casa Rosada se buscan alternativas legales para implementar estas correcciones sin quedar atrapados en un bucle legislativo. Las conversaciones entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría Legal y Técnica exploran mecanismos que permitan subsanar los errores de redacción mediante resoluciones administrativas o la creación de un proyecto de ley complementario. El objetivo del oficialismo es blindar la normativa contra lo que denominan el “negocio de los litigios”, exigiendo validaciones médicas rigurosas para frenar el uso abusivo de certificados, mientras intentan evitar que la Cámara de Origen tenga que volver a sesionar sobre el mismo asunto.
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