La parálisis de las universidades y la muerte del estudiante Abdoulaye Ba tensionan al Gobierno de Bassirou Diomaye Faye. El Ejecutivo atribuye el conflicto al déficit financiero de 11.000 millones de euros heredado.
La parálisis de las universidades y la muerte del estudiante Abdoulaye Ba tensionan al Gobierno de Bassirou Diomaye Faye. El Ejecutivo atribuye el conflicto al déficit financiero de 11.000 millones de euros heredado.
El sistema educativo de Senegal enfrenta una crisis de gobernabilidad tras el anuncio de un cese de actividades por 72 horas en universidades y escuelas secundarias.
La medida, impulsada por colectivos estudiantiles, surge como respuesta a la muerte de Abdoulaye Ba, alumno de segundo año de Medicina, quien falleció durante una intervención de las fuerzas del orden en el campus de la Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.
Los enfrentamientos comenzaron por el reclamo del pago de becas atrasadas, algunas con más de un año de demora. Según datos oficiales, tres de cada cuatro estudiantes dependen de estos 60 euros mensuales para cubrir gastos básicos de subsistencia.
El descontento se ha extendido al interior del país, donde instituciones como el instituto de Saraya se sumaron a la huelga en solidaridad con los líderes universitarios detenidos.
Desde el Ministerio de Interior, Bamba Cissé justificó el ingreso policial a los campus alegando amenazas a la infraestructura pública y el presunto hallazgo de armamento en las residencias. No obstante, los estudiantes calificaron las acciones estatales como una traición de los gobernantes a quienes apoyaron masivamente en las elecciones de 2024.
La raíz del conflicto se encuentra en la delicada situación financiera del país. El Gobierno reveló un agujero en las cuentas públicas de 11.000 millones de euros, equivalente al 132% del PIB, que ha generado una severa crisis de liquidez. Esta deuda, suscrita en gran medida con acreedores de China y Francia, obligó a las autoridades a implementar planes de austeridad y a buscar financiamiento con intereses de hasta el 10%.
Actualmente, las actividades académicas permanecen suspendidas mientras las asociaciones estudiantiles exigen la liberación de sus representantes y el pago total de los adeudos. Por su parte, la administración de la UCAD inició consultas con interlocutores sociales para intentar salvar el ciclo lectivo y reducir la violencia en los campus.
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