El Gobierno reforzará el control policial en el Congreso mediante requisas y vallas ante la protesta contra la reforma laboral. Mientras la CGT cumple un paro sin movilización, agrupaciones de izquierda y sindicatos estatales marcharán pese a las restricciones de transporte.
El Poder Ejecutivo nacional ha decidido elevar el nivel de prevención y vigilancia ante la convocatoria de protesta programada para este jueves, coincidiendo con el tratamiento legislativo de las modificaciones en el régimen de trabajo. Bajo la conducción de Alejandra Monteoliva en el área de Seguridad, las fuerzas federales implementarán un esquema de inspección exhaustiva que contempla el registro de pertenencias personales y la fiscalización de los transportes que trasladen a los activistas. Esta determinación surge como respuesta directa a los disturbios ocurridos recientemente en la zona, donde se registraron ataques contra el personal policial. El protocolo se ampara en las facultades vigentes para realizar requisas preventivas en espacios públicos cuando se presuma la posibilidad de hechos delictivos.
Mientras la CGT ha optado por una huelga general sin presencia en las calles debido a la interrupción del transporte público, la movilización será encabezada por agrupaciones de izquierda, sindicatos estatales y diversos movimientos sociales autónomos. Los sectores que convocan a la marcha han criticado la postura de las grandes centrales obreras, calificándola como una medida que resta potencia al reclamo popular, y han organizado logística propia para asegurar la asistencia al Congreso pese a la falta de servicios de movilidad. Por su parte, en el oficialismo relativizan el alcance de la protesta, apoyándose en que los movimientos territoriales más masivos han decidido limitar sus acciones a actividades locales y cortes de ruta en el interior del país, evitando el desplazamiento hacia la Capital Federal.
La UIA alertó sobre el posible desabastecimiento de gas y los elevados costos energéticos que amenazan la producción industrial este invierno. Pese a un leve repunte mensual en marzo, el sector acumula una caída trimestral y reclama previsibilidad ante la crisis.
Manuel Adorni presentará su informe de gestión ante Diputados, respaldado por Javier Milei y el Gabinete.
América Latina mantiene uno de los gastos militares más bajos del mundo, enfocándose en modernizar equipos obsoletos y combatir el crimen interno. Según el SIPRI, la región prioriza lo socioeconómico, aunque busca proteger sus recursos estratégicos en un mercado global competitivo.
El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
James Comey negó haber amenazado a Donald Trump tras ser acusado por una publicación en redes sociales. El exdirector del FBI defendió su inocencia y la independencia judicial, mientras la fiscalía califica el proceso como un cargo rutinario contra funcionarios.
El Senado de EE. UU. rechazó restringir la autoridad de Donald Trump para intervenir militarmente en Cuba. La mayoría republicana frenó la iniciativa demócrata, en un contexto de creciente presión económica y retórica de la Casa Blanca contra el gobierno isleño.
Un ataque con drones israelíes en Gaza mató al comandante de Hamás, Iyad al-Shanbari, y a cuatro civiles, incluido su hijo. Pese a la tregua vigente, la persistente violencia en el enclave continúa sumando víctimas y acusaciones cruzadas de incumplimiento.
El rey Carlos III instó al Congreso estadounidense a mantener la unidad y el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa. En un contexto de tensiones diplomáticas, el monarca rechazó el aislacionismo y reivindicó la alianza transatlántica.
