La denuncia de Gustavo Petro sobre un complot presidencial pierde fuerza frente a sospechas de represalias internas. La destitución de mandos policiales, basada en informes anónimos y sin debido proceso, sugiere una guerra de lealtades y venganzas políticas en Colombia.
La salida abrupta del general Edwin Urrego y el coronel Óscar Moreno de la Policía Nacional ha sumido a la administración de Gustavo Petro en una profunda crisis de credibilidad. Lo que inicialmente fue presentado por el mandatario como una grave denuncia de sabotaje —un presunto plan para ocultar estupefacientes en la flota presidencial y así dinamitar su relación con el gobierno estadounidense— ha comenzado a desmoronarse. En su lugar, ha emergido una compleja red de recelos internos que sugiere que la destitución de los oficiales pudo haber sido el resultado de una represalia política y no de una amenaza real a la seguridad del jefe de Estado.
A medida que pasan los días, figuras clave del Ejecutivo han tomado distancia de la narrativa oficial del complot. Si bien el Ministerio de Defensa ha intentado mantener una postura conciliadora para no desmentir al presidente, advirtió sobre el peligro de destruir trayectorias profesionales basándose en datos no verificados. Por otro lado, desde la cartera de Justicia se ha sugerido que el mandatario pudo haber sido inducido al error por funcionarios cercanos que buscaban deshacerse de Urrego. El general, según trascendió, resultaba una figura incómoda para ciertos sectores debido a investigaciones previas que afectaron la imagen de miembros del entorno presidencial.
La investigación interna revela que el origen del escándalo fue un correo anónimo que derivó en una serie de informes con múltiples inconsistencias. Una de las hipótesis más fuertes apunta a que el desplazamiento de los uniformados está vinculado a operativos realizados meses atrás, los cuales habrían enfurecido a altos mandos de la inteligencia y a figuras ministeriales. El intercambio de acusaciones públicas entre antiguos directivos de inteligencia y los oficiales relevados refuerza la idea de una guerra interna donde la información clasificada se utiliza como arma para saldar cuentas pendientes, dejando en segundo plano la supuesta evidencia del sabotaje.
Este episodio pone de relieve la vulnerabilidad de la carrera policial ante las dinámicas del poder político. La decisión de apartar a los mandos se tomó de forma fulminante, sin investigaciones disciplinarias previas ni pruebas técnicas sólidas, basándose primordialmente en sospechas y delaciones sin rostro. La falta de transparencia en el manejo del informe que motivó las bajas ha generado un vacío informativo que el Gobierno aún no logra llenar, alimentando la percepción de que las instituciones de seguridad están siendo permeadas por disputas de lealtades que comprometen la estabilidad del país.
Binance comenzó a normalizar los retiros de fondos tras sufrir un megahackeo, registrando una salida neta inicial de USD 3.640 millones. La empresa confirmó que cubrirá el 100% de las pérdidas con recursos propios y premiará a quienes no retiraron.
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