Tregua obligatoria en el conflicto de Fate: el Ejecutivo intervino

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por quince días para frenar el cierre de Fate y los despidos. Mientras busca una mediación, el oficialismo cuestionó la oportunidad del anuncio empresarial, vinculándolo a un intento de condicionar la inminente reforma laboral.

Sandra Pettovello Foto: NA.

La Secretaría de Trabajo, bajo la conducción de Julio Cordero, resolvió aplicar la conciliación obligatoria en medio de la crisis desatada por el cese de actividades de la fabricante de neumáticos Fate. Esta medida legal paraliza por un lapso de dos semanas la clausura de la planta y los despidos de más de 900 operarios, exigiendo que tanto la firma como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) retrotraigan sus decisiones al estado anterior a la disputa. Mientras el Ministerio de Capital Humano intenta forzar una mesa de diálogo para proteger los puestos laborales, en los despachos de la Casa Rosada el clima es de profunda suspicacia. Aunque inicialmente las críticas oficiales apuntaron a la intransigencia de la dirigencia gremial de izquierda, con el correr de las horas el foco de reproche se trasladó hacia la familia Madanes Quintanilla, propietaria de la compañía. En el entorno presidencial sospechan que el anuncio del cierre definitivo tiene una intencionalidad política, ya que se produce apenas 24 horas antes del debate legislativo sobre la reforma laboral. De hecho, el propio Javier Milei sugirió en redes sociales una posible coordinación deliberada para entorpecer la agenda oficialista, vinculando el “timing” de la empresa con las protestas sindicales, una lectura que en el Gobierno resumen como una alianza entre sectores gremiales radicalizados y empresarios que buscan condicionar al Estado.

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