La jornada de protesta nacional sumó un nuevo foco de conflicto de alta intensidad en el acceso norte al Área Metropolitana de Buenos Aires. Minutos antes de las 8 de la mañana, un grupo de operarios de la empresa Fate, acompañados por organizaciones sociales, subió a la autopista Panamericana a la altura de la calle Uruguay, en la localidad de Virreyes, para interrumpir la circulación en sentido a la Capital Federal. La medida surge como respuesta desesperada tras la confirmación del cierre de la histórica planta, que deja un saldo de más de 900 trabajadores despedidos.
El reclamo se desarrolla de forma desdoblada. Mientras el grueso de los empleados mantiene una guardia tensa en el predio de San Fernando, ubicado sobre Blanco Encalada al 3000, una columna de manifestantes se desplazó hacia la vía rápida para visibilizar el conflicto. Los trabajadores denuncian que el cierre de la compañía es una consecuencia directa de las políticas económicas vigentes y exigen la reincorporación inmediata de la plantilla afectada.
La situación generó momentos de rispidez cuando efectivos de Gendarmería Nacional intentaron aplicar el protocolo de seguridad para evitar el corte total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza“, advirtió un oficial a cargo del operativo mientras los uniformados formaban un cordón frente a los manifestantes.
Pese a que la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) lidera el reclamo sectorial, en la autopista se observó la presencia de agrupaciones ajenas al gremio, lo que complejiza la negociación en el lugar. El bloqueo provoca kilométricas demoras en una mañana donde el transporte ya se encuentra severamente afectado por la huelga de la CGT.
El cierre de Fate, una de las mayores fabricantes de neumáticos del país, marca un hito crítico en el panorama industrial actual. Hasta el momento, la circulación permanece restringida a pocos carriles, mientras las fuerzas de seguridad aguardan órdenes para proceder al desalojo definitivo de la calzada o lograr un acuerdo que permita normalizar el tránsito en una de las arterias más vitales del país.