Donald Trump firmó un gravamen del 10% amparado en la Sección 122 tras el fallo que invalidó su política comercial. Esta medida busca sustituir ingresos por 240.000 millones de dólares y regirá por 150 días.
Donald Trump firmó un gravamen del 10% amparado en la Sección 122 tras el fallo que invalidó su política comercial. Esta medida busca sustituir ingresos por 240.000 millones de dólares y regirá por 150 días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes con una nueva ofensiva comercial tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En una conferencia de urgencia desde la Casa Blanca, el primer mandatario calificó la decisión judicial como una “vergüenza” y anunció la implementación inmediata de un arancel global del 10% sobre todas las importaciones.
La sentencia del máximo tribunal, definida por una mayoría de seis votos contra tres, estableció que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones al fijar impuestos comerciales sin el aval del Congreso.
El juez John Roberts, quien lideró la opinión mayoritaria, sostuvo que la Constitución reserva la potestad tributaria al Poder Legislativo, invalidando así los gravámenes recíprocos aplicados durante el último año a socios estratégicos.
Ante el bloqueo judicial, la administración invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este estatuto otorga al presidente la facultad de aplicar aranceles de hasta el 15% por un periodo máximo de 150 días para corregir desequilibrios graves en la balanza de pagos.
El presidente estadounidense aseguró que este intervalo servirá para iniciar investigaciones bajo la Sección 301, con las que pretende establecer impuestos permanentes que sustituyan a los anulados por la Corte.
Estuvo acompañado durante el anuncio por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el abogado John Sauer, donde se enfatizó que los aranceles de seguridad nacional vigentes —como los del acero y aluminio— no se ven afectados por esta resolución.
Trump insistió en que su plan alternativo permitirá recaudar cifras incluso superiores a las anteriores, fortaleciendo la posición financiera del país frente a lo que denomina “prácticas desleales” del extranjero.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en los 240.000 millones de dólares que el Gobierno federal ya ingresó a sus arcas mediante los aranceles ahora declarados ilegales.
Aunque el fallo abre la puerta a reclamos masivos de reembolso por parte de empresas importadoras, el presidente advirtió que el Estado no devolverá el dinero con facilidad. Según sus declaraciones, el proceso de restitución podría derivar en litigios que duren los próximos cinco años.
El titular del Ejecutivo arremetió contra los magistrados que votaron en contra de su política, mientras elogió el disenso de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh.
Este último sugirió que la presidencia aún dispone de un amplio catálogo de leyes federales para ejercer el control comercial, visión que la Casa Blanca adoptó como respaldo para su nueva orden ejecutiva.
La aplicación de la Sección 122 introduce un factor de inestabilidad en el comercio internacional, dado su carácter temporal y la posibilidad de que el Congreso intervenga tras cumplirse el plazo legal.
Además, la estrategia de la Casa Blanca parece orientada a ganar tiempo mientras redefine su arquitectura legal, dejando en el aire la pregunta sobre si el Poder Judicial permitirá este nuevo rodeo a la autoridad legislativa.
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