Fate ratifica 920 despidos tras fracasar la audiencia

La Secretaría de Trabajo nacional citó a una nueva reunión para el 4 de marzo tras cinco horas de diálogo sin resultados. Mientras rige la conciliación obligatoria, la empresa insiste en el cese definitivo de su producción en San Fernando.

La Secretaría de Trabajo convocó nueva audiencia para el 4 de marzo. Foto: NA.

La negociación entre la fabricante de neumáticos Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concluyó este lunes sin acuerdo entre las partes. El encuentro virtual, encabezado por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, buscó destrabar el conflicto tras el anuncio del cierre de la planta bonaerense y el despido de 920 operarios.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que no resultó posible arribar a un consenso. Ante este escenario, las autoridades dispusieron una nueva convocatoria para el próximo miércoles 4 de marzo, con el objetivo de dar continuidad a la instancia de diálogo en el marco de la conciliación obligatoria.

Durante la audiencia, el jefe de Relaciones Laborales de la compañía, Santiago Ferri, solicitó el desalojo del establecimiento de San Fernando. La firma, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, ratificó que la decisión de clausurar la fábrica es irreversible y confirmó que los fondos para las indemnizaciones están disponibles.

Alejandro Crespo, secretario general del sindicato, rechazó la postura patronal y denunció mala fe en la negociación. El dirigente gremial exigió la reapertura inmediata y la presentación de un plan productivo que preserve los puestos de trabajo.

La crisis industrial de la firma ocurre en un contexto de retracción. Según la consultora Analytica, la utilización de la capacidad instalada en el rubro del caucho y plástico descendió al 33,4%. Paralelamente, el ingreso de neumáticos importados registró un alza del 44,8%, aumentando la presión sobre la producción local.

El conflicto sumó una dimensión política debido a la superposición de competencias entre el Gobierno Nacional y la provincia de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Economía decidió no renovar un arancel contra la importación de aluminio chino que protegía a Aluar, empresa vinculada al mismo grupo económico que Fate.

Las instalaciones de la zona norte permanecen paralizadas mientras el holding proyecta un nuevo sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio. Esta reconversión estratégica se desarrolla en medio de la incertidumbre ante un posible proceso de desindustrialización o reconfiguración del mercado externo.

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