La Primera Sala del Tribunal Supremo comenzó las audiencias para sentenciar a los cinco acusados de planificar el asesinato de la concejala ocurrido en 2018. Entre los implicados figuran influyentes políticos y un jefe policial, señalados por ordenar el ataque debido a la oposición de la activista a los negocios de las milicias en Río …
Siete años después del atentado que conmocionó a la región, la justicia brasileña dio inicio este martes al juicio definitivo contra los presuntos cerebros detrás del asesinato de Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes. El proceso, desarrollado en la Primera Sala del Tribunal Supremo en Brasilia, apunta contra una red de poder político y policial que habría orquestado el ataque para frenar el activismo de la concejala en barrios vulnerables.
Entre los banquillos de los acusados sobresalen figuras de peso en la estructura estatal de Río de Janeiro: el consejero del Tribunal de Cuentas, Domingos Brazão, y su hermano, el exdiputado federal João “Chiquinho” Brazão. Junto a ellos, la Fiscalía denunció al excomisario de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, al expolicía militar Ronald Paulo Alves y al antiguo asesor Robson Calixto Fonseca.
La tesis de la acusación sostiene que el móvil del crimen fue estrictamente político y económico. Marielle Franco, una referente de la causa negra, feminista y LGBT+, se oponía fervientemente en el concejo municipal a proyectos de ley impulsados por los hermanos Brazão. Dichas iniciativas buscaban legalizar la apropiación de tierras por parte de las milicias, grupos paramilitares que ejercen un control violento sobre vastos sectores de la capital carioca.
El 14 de marzo de 2018, la activista de 38 años fue acribillada a balazos en el centro de Río mientras regresaba de un acto. Si bien los autores materiales ya fueron condenados a penas máximas en 2024, el juicio actual busca desarticular la estructura de mando que permitió el magnicidio. Anielle Franco, hermana de la víctima y actual Ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula da Silva, estuvo presente en la sala y reclamó castigos ejemplares: “No es admisible que una concejala sea asesinada”, sentenció ante la prensa.
El Tribunal Supremo ha programado dos jornadas de audiencias para definir la suerte de los implicados. Para los organismos de derechos humanos, este fallo representa una prueba de fuego para las instituciones brasileñas en su lucha contra la impunidad de las mafias territoriales y la protección de los dirigentes sociales en contextos de alta violencia política.
Siete hermanos denunciaron agresiones sexuales continuadas por parte de su tío en la ciudad de Santa Fe, quien prestaba servicios en los tribunales provinciales y fue imputado por delitos graves contra la integridad sexual.
Raúl Lavié sufrió dos caídas sucesivas este martes en los estudios de la TV Pública. El cantante canceló su participación musical tras recibir asistencia por lesiones leves en el rostro, descartando complicaciones de gravedad.
Autoridades rusas restringieron el tránsito nocturno de motocicletas y scooters para evitar interferencias acústicas en la defensa antiaérea, en una jornada marcada por ataques a refinerías y el racionamiento de gasolina en la península.
Veterinarios alertan que el jadeo excesivo en los perros suele esconder problemas graves como dolores crónicos, fallas cardíacas o golpes de calor. Identificar si este comportamiento ocurre en reposo resulta clave para salvar la vida de la mascota.
El juzgado de Rafaela oficializó la venta de seis plantas industriales y el paquete marcario tras decretar la quiebra indirecta de la histórica cooperativa láctea por deudas superiores a los USD 120 millones.
Tras superar la revisión médica, el mediocampista uruguayo selló su vínculo y se convirtió en el segundo refuerzo del mercado de pases desde Getafe.
Un adolescente de 16 años sufrió heridas tras ser agredido por un grupo a la salida de un local bailable en la madrugada del domingo. La Policía provincial inició actuaciones de oficio luego de la viralización de las imágenes.
Francia extendió a 210 días el límite de internamiento administrativo para no comunitarios en situación irregular que representen una amenaza grave.
