El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, comunicó formalmente la instrucción al Fiscal de Estado provincial para que promueva las acciones judiciales pertinentes con el objetivo de resguardar el territorio y los recursos de la jurisdicción.
La medida surge como respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual ratifica la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023 y habilita la libre adquisición de superficies rurales por parte de personas y corporaciones extranjeras.
A través de sus redes oficiales, el mandatario ratificó la posición del Ejecutivo provincial al señalar que la determinación se mantiene “fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales”.
Asimismo, Passalacqua sostuvo que la preservación del suelo representa “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, al tiempo que confirmó que la provincia desplegará reclamos “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”.
Fundamentos geográficos, ambientales y productivos
La estrategia del gobierno misionero se sustenta en las características constitutivas de la provincia. Según detalló la gobernación, las condiciones singulares del distrito requieren una protección normativa específica.
En ese sentido, Passalacqua fundamentó que “con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”.
Por su parte, el Decreto N.º 1935, firmado por el propio mandatario, precisa el marco legal de la controversia. El texto señala que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley N.º 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
A partir de la resolución del máximo tribunal en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN”, la norma quedó plenamente operativa, dejando a la provincia en un estado de vulnerabilidad institucional frente al capital extranjero.
Impacto autonómico y consecuencias para la provincia
El documento oficial advierte que la aplicación de la normativa nacional impacta de manera directa sobre la autonomía administrativa, las finanzas públicas y la estructura económico-social de la región.
De acuerdo con el texto gubernamental, la libre venta de inmuebles rurales altera sustancialmente las reglas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial y afecta de forma lesiva la integridad del territorio, el control sobre los bienes naturales y la seguridad en áreas limítrofes.
Ante este escenario, la gobernación promoverá de forma inmediata las presentaciones judiciales en defensa de los intereses provinciales.
