El ELN decretó una tregua unilateral para las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. Pese al gesto, la Defensoría del Pueblo y la ONU alertan sobre un deterioro de la seguridad tras múltiples atentados y amenazas contra líderes políticos.
En un contexto de creciente hostilidad y atentados contra figuras públicas, la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional ha oficializado una interrupción de sus actividades bélicas de manera independiente. La determinación, difundida este lunes mediante sus canales de comunicación digital, busca reducir la fricción armada durante las jornadas de votación que se aproximan en el territorio colombiano. Este movimiento ocurre en un año decisivo, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar el cuerpo legislativo y definir quién ocupará el cargo que actualmente desempeña Gustavo Petro.
La contienda electoral de 2026 se desarrolla bajo la sombra de incidentes críticos, incluyendo el asesinato del referente derechista Miguel Uribe el año pasado y ataques recientes contra caravanas de congresistas. Las fechas clave para estos procesos son el 8 de marzo, para la conformación del Congreso, y el 31 de mayo para la primera vuelta presidencial. Aunque esta milicia suele implementar pausas operativas en épocas de sufragio o festividades, la desconfianza persiste debido a su consolidación financiera a través de economías ilícitas y al fracaso de los intentos previos de diálogo con la administración vigente, que ha intensificado la presión militar tras el estancamiento de las conversaciones de paz.
Desde la Defensoría del Pueblo se ha manifestado una profunda inquietud por la coacción que ejercen los grupos armados en las periferias. La entidad señala que, más allá del ELN, estructuras como el Clan del Golfo y las escisiones de las antiguas FARC representan un riesgo latente para la transparencia del proceso. Las estadísticas oficiales son alarmantes: se han reportado centenares de amenazas contra líderes sociales y políticos en los meses previos a la votación, lo que refleja un retroceso en las garantías de seguridad ciudadana en las zonas rurales con débil control estatal.
La comunidad global ha sumado su voz a la crisis interna colombiana. Representantes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas han calificado la situación actual como un deterioro evidente de la paz social y han instado a todos los actores irregulares a comprometerse con el respeto a la voluntad popular. Mientras los rebeldes mantienen sus filas con miles de combatientes activos, el Ejecutivo colombiano refuerza su postura de no ceder ante la presión violenta, dejando en claro que cualquier gesto de tregua debe traducirse en hechos reales que permitan una participación electoral libre de intimidaciones.
Autoridades provinciales y del sector productivo analizaron el avance del pasto cubano y la regulación de drones en el Nodo Salta-Jujuy.
Entre la fragmentación de la oferta y los precios elevados en proteínas y lácteos vegetales, la dieta vegana presenta barreras de accesibilidad para los sectores de ingresos medios.
El estrés crónico y el agotamiento entre los integrantes de los equipos de trabajo no son un ‘costo menor’ ni un daño colateral; son la prueba de un sistema mal diseñado.
El complejo diplomático fue blanco de un dron en una jornada marcada por la muerte de tres miembros de Kataeb Hezbollah, en medio de la creciente tensión regional tras los ataques de febrero.
El presidente criticó a quienes rechazan la automatización y aseguró que el progreso tecnológico genera “mayores salarios, precios más bajos y mayor consumo”.
El piloto argentino quedó muy cerca de quedar en la Q3 en la clasificación. La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
La actriz argentina confirmó la restricción de su cuenta por parte del futbolista rosarino durante una transmisión de streaming. El hecho reavivó versiones sobre un presunto vínculo cercano ocurrido en 2011 y generó debate sobre la privacidad del deportista.
Estructuras institucionales de persecución política permanecen operativas tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Misión de Determinación de los Hechos reportó 87 nuevas detenciones y denunció falta de transparencia en leyes de amnistía vigentes.
