Gobierno de Gustavo Petro oficializó gravámenes recíprocos mediante el Decreto 0170. La medida responde a tasa de seguridad impuesta por Daniel Noboa y restringe el paso de mercancías en Ipiales y Puerto Asís por razones de control aduanero.
Gobierno de Gustavo Petro oficializó gravámenes recíprocos mediante el Decreto 0170. La medida responde a tasa de seguridad impuesta por Daniel Noboa y restringe el paso de mercancías en Ipiales y Puerto Asís por razones de control aduanero.

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa su momento más crítico tras la entrada en vigor de aranceles del 30% a más de 70 subpartidas ecuatorianas. Decisión administrativa, firmada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial este martes, representa una respuesta directa a la política tributaria implementada por el mandatario Daniel Noboa desde el 1 de febrero de 2026.
Disputa arancelaria afecta principalmente a 23 partidas que incluyen bienes básicos como arroz, fríjol, azúcar, cacao, plátano y aguacate Hass. Normativa colombiana también alcanza sectores industriales, gravando el calzado con suela de caucho y diversos tipos de tuberías.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la determinación busca restablecer el equilibrio comercial tras el fracaso de las negociaciones bilaterales celebradas en Quito durante la primera semana de febrero.
Los controles terrestres en los puntos de Ipiales y Puerto Asís se endurecieron significativamente bajo el nuevo marco legal. Decreto 0170 prohíbe el ingreso de arroz “paddy” y productos pesqueros por estas vías, obligando a los importadores a buscar rutas alternativas o enfrentar la aprehensión de mercancías.
Autoridades colombianas advirtieron que no existirá posibilidad de legalización posterior para los cargamentos que infrinjan estas disposiciones.
Seguridad nacional aparece como un argumento central en la nueva normativa aduanera. Documento oficial establece vigilancia especial sobre insumos químicos que podrían utilizarse en la producción de sustancias ilícitas.
Específicamente, se restringió el tránsito de ácido clorhídrico, éter etílico y tolueno, compuestos asociados a la fabricación de fentanilo, con el fin de blindar la frontera sur frente al crimen transnacional.
El escenario jurídico se trasladó a la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), donde ambos países radicaron demandas cruzadas. Colombia solicitó formalmente que la “tasa de seguridad” ecuatoriana sea declarada como un gravamen prohibido por el Acuerdo de Cartagena.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador presentó tres reclamos contra Bogotá alegando vulneraciones a los compromisos de integración regional asumidos por el bloque.
Cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) indican que, durante 2025, el intercambio comercial favoreció a Colombia con un superávit superior a los 1.000 millones de dólares.
A pesar de este dinamismo previo, analistas advierten que el traslado de estos costos tributarios al consumidor final podría generar presiones inflacionarias en productos de la canasta básica y desincentivar la inversión privada en las zonas fronterizas a largo plazo.
El futuro del comercio andino dependerá ahora de los fallos emitidos por la CAN y de la disposición de ambos Gobiernos para retomar el diálogo diplomático. ¿Lograrán los mecanismos de integración regional desactivar una guerra comercial que ya impacta el bolsillo de los ciudadanos en ambos lados de la frontera?
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