El Departamento de Justicia pidió a la jueza Loretta Preska desestimar el pedido de desacato de los demandantes por riesgos a la política exterior y la reciprocidad judicial.
El Departamento de Justicia pidió a la jueza Loretta Preska desestimar el pedido de desacato de los demandantes por riesgos a la política exterior y la reciprocidad judicial.
El Gobierno de Estados Unidos intervino este jueves en el litigio por la expropiación de YPF para oponerse a las sanciones solicitadas contra la República Argentina. Mediante un escrito de 29 páginas, el Departamento de Justicia argumentó que declarar al país en desacato afectaría la cortesía internacional y podría generar un trato recíproco adverso para los intereses estadounidenses en tribunales extranjeros.
La controversia se originó en la etapa de discovery o intercambio de evidencias. Los beneficiarios del fallo, liderados por el fondo Burford Capital, acusaron al Estado argentino de incumplir sistemáticamente las órdenes de la jueza Loretta Preska.
Los demandantes exigían una multa de un millón de dólares diarios y que se declarara al país en desacato por no entregar comunicaciones privadas, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.
Ante este escenario, la presentación estadounidense calificó los requerimientos de los demandantes como “incompatibles” con los principios de inmunidad soberana. El documento del Departamento de Justicia subrayó que los esfuerzos realizados por Argentina para entregar más de 115.000 elementos probatorios demuestran una actitud colaborativa que invalida la figura del desacato pecuniario.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que este respaldo técnico valida la estrategia jurídica argentina. El organismo sostuvo que las demandas de información sobre activos sensibles, como las reservas de oro del Banco Central, exceden los límites legales.
Según la defensa argentina, el planteo de Burford Capital constituye una estrategia de hostigamiento para presionar al país en un momento de vulnerabilidad financiera.
Paralelamente, el canciller Pablo Quirno calificó la jornada como un hito para la defensa del Estado en el exterior. No obstante, expertos en litigios internacionales advirtieron que, si bien este apoyo alivia la presión inmediata sobre las sanciones, el Gobierno de Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre la apelación principal que cuestiona la condena de US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera en 2012.
La jueza Preska deberá ahora evaluar la posición de Washington antes de dictar una resolución sobre el desacato. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito mantiene pendiente la decisión de fondo sobre la legalidad de la sentencia original.
La resolución de este conflicto procesal resulta clave para determinar si el fondo Burford podrá avanzar con el embargo de activos soberanos o si el proceso entrará en una nueva fase de postergación técnica.
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