El senado aprobó reforma a la Ley de Glaciares

Con 40 votos a favor y 31 en contra, el oficialismo logró media sanción para modificar la protección de zonas periglaciares. La iniciativa, que otorga mayor autonomía a las provincias para autorizar proyectos mineros, será girada a la Cámara de Diputados.

El Senado concedió media sanción a la ley de glaciares. Foto: SenadoArgentina.

El debate por el ambiente periglaciar

El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. La sesión, marcada por la presencia de altos funcionarios del Poder Ejecutivo en los palcos, culminó con un respaldo mayoritario de La Libertad Avanza, el PRO y sectores del peronismo disidente de provincias mineras.

La modificación central recae sobre la definición del ambiente periglaciar. Mientras la normativa vigente desde 2010 protege de forma genérica los suelos congelados que actúan como reguladores hídricos, el nuevo texto limita esta protección.

A partir de ahora, solo se preservarán aquellas geoformas periglaciales que cumplan una “función hídrica comprobable” como reservas estratégicas de agua.

Autonomía provincial e inversiones

La senadora Flavia Royón defendió la iniciativa al sostener que no se vulnera la protección del agua, sino que se busca precisión técnica para el desarrollo productivo.

Según los argumentos oficialistas, la reforma permitirá destrabar inversiones en minería de cobre y litio, sectores considerados clave para la transición energética global.

Uno de los puntos de mayor controversia fue el traslado de facultades desde el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hacia las autoridades provinciales.

Con el nuevo marco legal, las provincias tendrán una participación directa en la elaboración y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, basándose en sus propios estudios técnicos.

Críticas por inseguridad jurídica

Desde la oposición, el bloque Justicialista denunció que el cambio de paradigma es “regresivo”. La senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que la discrecionalidad política reemplazará al criterio científico, lo que podría derivar en una judicialización masiva de los proyectos mineros.

Por su parte, el senador Daniel Bensusán cuestionó la entrega de modificaciones de último momento en el recinto, calificando el procedimiento de “poco transparente”.

El cierre del debate estuvo a cargo de las voces que enfatizaron la necesidad de un “capitalismo productivo“. Se argumentó que la ley actual funcionó como una barrera para el crecimiento económico de las provincias cordilleranas sin garantizar necesariamente una protección más eficaz de los recursos.

La aprobación de esta media sanción representa un triunfo político para el Gobierno en su agenda de desregulación económica. Sin embargo, el traslado de la discusión a la Cámara de Diputados anticipa un escenario de paridad, donde los gobernadores y las organizaciones ambientales jugarán un rol determinante en la definición final de la norma. ¿Logrará el nuevo marco legal equilibrar la explotación de recursos con la preservación del agua en un contexto de crisis climática global?

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