El Tribunal Oral Federal de Corrientes programó el inicio del debate para el 7 de octubre, con una agenda que se extendería hasta fines de 2026. El fiscal Carlos Schaefer impugnará la medida al considerar que la gravedad de la desaparición del menor demanda una respuesta judicial inmediata.
A casi dos años de la última vez que fue visto en el Paraje Algarrobal, la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña entra en su etapa decisiva, aunque no exenta de fuertes cruces procesales. El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Bracco, confirmó que el juicio oral y público contra los 17 imputados comenzará el miércoles 7 de octubre de 2025. La planificación del tribunal prevé audiencias semanales los días miércoles y jueves, con un cronograma que podría prolongarse hasta diciembre del año próximo.
La resolución judicial, sin embargo, chocó frontalmente con la postura del Ministerio Público Fiscal. El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer anunció que impugnará la fecha fijada, bajo el argumento de que la sociedad y la familia del niño, que tenía 5 años al momento de su desaparición, no pueden esperar siete meses más para el inicio del debate. “Esta no es una causa común y cualquiera. Aquí hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está“, sentenció el magistrado durante la audiencia preliminar, cuestionando también el plazo de 15 días otorgado para depurar la lista de testigos.
El proceso judicial unificará dos expedientes críticos. Por un lado, se juzgará a los siete acusados principales de la sustracción y ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Por el otro, el debate alcanzará a diez personas imputadas en una causa paralela, señaladas por realizar maniobras de distracción y entorpecimiento destinadas a desviar la investigación original durante los meses más críticos del rastrillaje.
La magnitud del juicio se refleja en el volumen de la prueba. Si bien inicialmente se habían propuesto más de 700 testigos, la fiscalía —con el apoyo de la PROTEX— logró reducir la nómina a 161 testimonios clave para agilizar el proceso. El Tribunal busca que las partes lleguen a acuerdos probatorios en puntos no controvertidos, como actas de allanamiento, para evitar que el debate se dilate innecesariamente dada la complejidad intrínseca de un expediente que cuenta con numerosos cuerpos y querellantes.
Mientras la justicia federal de Corrientes intenta organizar un debate de escala inédita para la región, el trasfondo sigue siendo el mismo desde aquel 13 de junio de 2024: la incertidumbre sobre el paradero de Loan. La presión del Ministerio Público para adelantar el cronograma pone de manifiesto la tensión entre los tiempos burocráticos del sistema judicial y la urgencia de una causa que se convirtió en una herida abierta para la opinión pública nacional.
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