Con 77 votos, la Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde a una reforma urgente para los sectores estratégicos. El texto final excluyó el artículo que afectaba regalías amazónicas, pero enfrenta amenazas de demandas por inconstitucionalidad de grupos ambientalistas.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves el proyecto de ley urgente enviado por el Poder Ejecutivo para el fortalecimiento de los sectores de minería y energía eléctrica. La votación se desarrolló en una sede alterna en Samborondón, mientras en Quito grupos sociales manifestaron su rechazo a una normativa que consideran lesiva para los derechos colectivos y la naturaleza.
La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Daniel Noboa, obtuvo el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados. El legislador Alejandro Lara defendió la propuesta asegurando que permitirá atraer inversión responsable y combatir la minería ilegal mediante la creación de áreas de protección de seguridad estratégica.
Según el oficialismo, la ley no obliga a elegir entre empleo y naturaleza, sino que formaliza procesos para evitar la destrucción del territorio.
A pesar de la aprobación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y colectivos como Yasunidos alertaron sobre retrocesos ambientales. Los detractores sostienen que la norma flexibiliza controles al permitir que ciertos registros administrativos reemplacen trámites ambientales más rigurosos.
Por su parte, el constitucionalista Edison Guarango explicó que la preocupación principal radica en el artículo 57 de la Constitución, el cual exige una consulta previa, libre e informada que, según los críticos, no se garantiza adecuadamente en las etapas iniciales de los proyectos.
El debate legislativo estuvo marcado por la presión de los asambleístas de la región amazónica. Los legisladores Roberto Cerda, José Nango y Fernando Nantipia condicionaron su voto a la eliminación del artículo 29.
Dicho numeral afectaba la entrega del 30% del superávit de las empresas públicas generadoras de electricidad para las provincias orientales. Tras la supresión de este artículo, el bloque oficialista logró consolidar la mayoría necesaria.
Desde la Revolución Ciudadana, los asambleístas votaron en contra tras argumentar que la ley vulnera la soberanía estatal frente a intereses extranjeros. Fernando de la Torre, representante de Imbabura, advirtió que la militarización de los territorios para proteger inversiones mineras incrementará la tensión social en las comunidades.
El futuro de la normativa se trasladará ahora a los tribunales. El dirigente indígena Yaku Pérez y organizaciones sociales anunciaron la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
El objetivo de estas acciones legales es frenar la aplicación de la ley, bajo el argumento de que el proceso legislativo ignoró el derecho de participación ciudadana en temas de alto impacto ambiental.
La aprobación de esta ley marca un hito en la agenda económica del gobierno, pero abre un escenario de incertidumbre jurídica. ¿Logrará la nueva regulación equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la protección constitucional de la naturaleza? El país queda a la espera de la reacción del Ejecutivo y de las resoluciones judiciales que podrían determinar la vigencia real de estas reformas.
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