El Senado debate la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, buscando cerrar las sesiones extraordinarias con victorias clave. Los proyectos incluyen la baja de imputabilidad a 14 años y un nuevo sistema de indemnizaciones basado en fondos de capitalización.
En una jornada clave para la administración de Javier Milei, el Senado se dispone a tratar dos iniciativas que representan pilares de su plataforma de gestión. Tras haber obtenido avances significativos en materia ambiental y comercial, el Poder Ejecutivo pretende dar cierre al período de sesiones extraordinarias con la ratificación de una profunda transformación en el mercado de trabajo y la instauración de un nuevo marco para la justicia juvenil. Las proyecciones legislativas sugieren que el Gobierno cuenta con el respaldo necesario para convertir ambos proyectos en leyes nacionales, lo que le permitiría al Presidente iniciar el ciclo parlamentario ordinario con un respaldo político fortalecido.
La propuesta de reforma laboral introduce modificaciones sustanciales en la relación entre empleadores y asalariados, priorizando la flexibilidad y la productividad individual sobre los acuerdos grupales. Entre los puntos más destacados se encuentra la creación de un fondo de capitalización destinado a cubrir los costos de desvinculación, financiado mediante aportes salariales. Asimismo, se propone un esquema de “banco de horas” para compensar jornadas extendidas y se habilita el pago de haberes en divisas extranjeras o bienes.
El proyecto también apunta a garantizar la continuidad de prestaciones críticas, elevando la exigencia de funcionamiento mínimo al 75% en áreas como la educación, la salud y el transporte. Por otro lado, se contempla un régimen de incentivos fiscales para la regularización de personal no registrado y se pone fin a la vigencia indefinida de los convenios colectivos una vez expirados. Un dato adicional en la normativa es el cambio en el financiamiento del sector cinematográfico, que pasará a depender directamente de las partidas presupuestarias generales a partir de 2028.
El debate sobre la seguridad y la responsabilidad juvenil también llega a su definición con el proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa centraliza su atención en el descenso de la edad de imputabilidad a los 14 años, bajo el argumento de fortalecer la responsabilidad legal de los menores ante delitos penales. El texto combina un endurecimiento de las penas máximas, que podrían alcanzar los 15 años de prisión, con una serie de medidas alternativas para casos de menor gravedad, tales como tareas comunitarias o restricciones de movilidad.
La sede de Qatar fue descartada y la AFA rechazó la chance de jugar en el Santiago Bernabéu. Como última alternativa, desde Sudamérica propusieron pasar el partido al 31 de marzo y en un estadio neutral.
Especialistas y estudiantes se reúnen para analizar los restos materiales hallados en el complejo histórico. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Nación.
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