El debate por la modificación de la Ley de Glaciares arrancó este miércoles en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con el Gobierno apostando a un tratamiento veloz y la sociedad civil movilizada en sentido contrario. El oficialismo fijó el 11 de marzo como fecha objetivo para obtener dictamen, un cronograma que no es casual: coincide con el Argentina Week en Nueva York, donde Javier Milei y buena parte de su gabinete tienen preparado un panel titulado “Desbloqueando la frontera minera de Argentina: la próxima potencia mundial en minerales críticos”.
El evento neoyorquino, previsto entre el 9 y el 12 de marzo, reunirá a Milei junto a su hermana Karina, el ministro Luis Caputo, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, además de gobernadores de provincias mineras y empresarios del sector. Los oradores del panel son CEOs de empresas extranjeras que expandieron proyectos de cobre y litio en Argentina bajo el RIGI, el régimen de incentivos a grandes inversiones que el Gobierno extendió recientemente por un año más, hasta julio de 2027.
La reforma a la ley actual ya contaba con media sanción del Senado cuando Milei prometió, en la apertura de sesiones legislativas, poner al país “lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”. Organizaciones ambientalistas denuncian que el nuevo proyecto fue acelerado con lo que denominaron una “Banelco minera” y que llevaría en su texto los nombres de seis empresas específicas.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de qué constituye un glaciar y su ambiente periglaciar. Actualmente, esa definición está a cargo del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), organismo del CONICET. La nueva norma trasladaría esa potestad a técnicos designados por cada provincia. “Se abre un gran espacio para decisiones basadas en intereses personales y económicos, y no en datos basados en evidencia”, advirtió Bibiana Vilá, representante del CONICET en el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña.
El proyecto también acota la protección del ambiente periglaciar a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante”, una definición que los especialistas consideran insuficiente. Según el inventario surgido de la ley vigente —considerada modélica a nivel internacional—, Argentina cuenta con 16.968 glaciares distribuidos en 8.484 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires.
La resistencia se organiza en distintos puntos del país. En Mendoza, asambleas populares por departamentos retoman la experiencia acumulada en la lucha contra el Proyecto San Jorge. En Andalgalá, Catamarca, la histórica asamblea El Algarrobo reactiva sus caminatas simbólicas. En Salta, integrantes de la Red de Defensoras del Ambiente trabajan para visibilizar la dependencia hídrica de comunidades en zonas semidesérticas con apenas 150 milímetros de lluvia anual.
En El Calafate, guías de la Asociación de Guías y referentes del Frente Cultural aprovechan el flujo turístico al Parque Nacional Los Glaciares para difundir información científica. “El que se abre a escuchar, entiende fácilmente que a los glaciares hay que protegerlos porque son el presente y el futuro, algo tan básico como el agua”, señaló la guía Nazarena Paschetta.