Impulsan proyecto para derogar la ley de paridad

El legislador Gregorio Hernández Maqueda impulsó la derogación de la Ley 8.901, calificándola como un subsidio de la casta política. La iniciativa despertó críticas de diversas bancadas que advierten sobre un retroceso en la representación democrática de las mujeres.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda propuso eliminar la ley de paridad. Foto: ghmaqueda.

El escenario político cordobés ingresó en una etapa de fuerte controversia tras la presentación de un proyecto de ley en la Unicameral que busca suprimir la obligatoriedad de la paridad de género en las listas electorales.

La iniciativa, encabezada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda y acompañada por los representantes Agustín Spaccesi y Gerardo Grosso, plantea que la actual normativa distorsiona la voluntad del electorado y limita la libertad de los partidos políticos.

Los fundamentos de la derogación

Para el impulsor del proyecto, la denominada “Ley Riutort” constituye un mecanismo que, lejos de empoderar, termina por “domesticar” a las mujeres dentro de las estructuras partidarias.

Según el legislador aliado a La Libertad Avanza, la norma vigente permite que los liderazgos masculinos utilicen figuras femeninas como “relleno” en las listas para cumplir con los requisitos legales, sin que ello represente un acceso genuino al poder basado en el mérito individual.

Hernández Maqueda sostuvo que en la actualidad no existen diferencias jurídicas que impidan el desarrollo político de las mujeres. En sus declaraciones, destacó que una eventual eliminación de la paridad permitiría conformar listas integradas en su totalidad por mujeres si un partido así lo decidiera, argumentando que el sistema de cuotas actual paradójicamente impone un techo a la representación femenina.

Cruces por la igualdad de oportunidades

La propuesta generó una reacción inmediata en el arco legislativo y ejecutivo. La vicegobernadora Myrian Prunotto rechazó el planteo y manifestó que la paridad no es una concesión, sino una necesidad para garantizar la salud democrática.

Por su parte, la legisladora Brenda Austin (UCR) señaló que la ausencia de normas de paridad en otros ámbitos, como el gabinete del Poder Ejecutivo provincial donde actualmente no hay mujeres al frente de ministerios, demuestra la vigencia de barreras estructurales.

Desde el oficialismo, Julieta Rinaldi advirtió que la derogación de esta ley podría entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El debate puso bajo la lupa si la igualdad formal ante la ley es suficiente para garantizar la participación real en los espacios de decisión.

Impacto en la representación institucional

La discusión ocurre en un contexto de tensiones internas dentro de las coaliciones opositoras. Mientras que los autores del proyecto defienden un modelo basado en la competencia ideológica sin distinciones demográficas, sus detractoras sostienen que las acciones positivas de discriminación siguen siendo herramientas esenciales para corregir disparidades históricas.

El cierre de este debate legislativo permanece abierto y plantea un interrogante sobre el futuro de la arquitectura electoral de Córdoba: ¿es la libertad de los partidos políticos compatible con los mecanismos de acción positiva que buscan equilibrar la representación parlamentaria?

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