Personal de la Policía Federal Argentina descartó la presencia de explosivos tras un operativo en el Palacio Legislativo. La advertencia coincidió con correos intimidatorios enviados a la mutual judía y a la Embajada de Israel.
Personal de la Policía Federal Argentina descartó la presencia de explosivos tras un operativo en el Palacio Legislativo. La advertencia coincidió con correos intimidatorios enviados a la mutual judía y a la Embajada de Israel.
Efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron este jueves la inexistencia de artefactos peligrosos en el Congreso de la Nación. El procedimiento se activó pasado el mediodía luego de detectarse una modulación de radio que alertaba sobre una supuesta amenaza de bomba en el perímetro exterior del edificio.
La División Delitos Constitucionales y la sección CANES de la PFA realizaron una inspección integral que incluyó oficinas, accesos y áreas comunes. Durante el desarrollo de las tareas, las fuerzas de seguridad mantuvieron restringido el ingreso al recinto, aunque las autoridades decidieron no evacuar las instalaciones debido a que la advertencia se focalizaba en sectores externos.
Fuentes policiales indicaron que el origen del alerta fue una intercepción en el sistema de radiocomunicaciones móviles, conocido como trunking. El aviso ingresó inicialmente a través de la Policía Bonaerense, que dio traslado a la Policía de la Ciudad y, finalmente, a la Federal por tratarse de una jurisdicción nacional.
Este episodio ocurrió en un contexto de alta sensibilidad, pocas horas después de que la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) denunciara la recepción de un correo electrónico intimidatorio.
El mensaje, que llevaba por título “Yihad Islámica“, aseguraba la colocación de explosivos en la sede de la mutual y en la Embajada de Israel. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA inspeccionó ambos edificios con resultados negativos.
La investigación judicial por el correo electrónico quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, bajo la tutela del juez Sebastián Ramos.
Los peritos informáticos iniciaron el levantamiento de metadatos para rastrear la dirección IP del remitente, mientras los analistas de seguridad estiman que el mensaje podría estar vinculado a tensiones políticas internas más que a una operación directa de grupos extranjeros.
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