Parlamento senegalés aprobó reforma al Código Penal que duplica sanciones de prisión y multas por relaciones entre personas del mismo sexo. La normativa, impulsada por el Ejecutivo, castigará con hasta diez años de cárcel y afectará a organizaciones de apoyo.
La Asamblea Nacional de Senegal votó a favor de modificar el artículo 319 del Código Penal este miércoles 11 de marzo. La reforma incrementó las penas de prisión, que anteriormente oscilaban entre uno y cinco años, a un nuevo rango de cinco a 10 años para quienes realicen actos considerados “contra naturaleza”.
El proyecto de ley n.º 05/2026, presentado por el ministro de Justicia y promovido por el primer ministro Ousmane Sonko, también endureció las consecuencias económicas.
Las multas máximas pasaron de los 2.250 euros anteriores a un tope de 15.000 euros (aproximadamente 10 millones de francos CFA). Según el texto aprobado, la pena máxima se aplicará de forma sistemática cuando el acto involucre a menores de edad.
Más allá de la conducta individual, la legislación amplió su alcance hacia la estructura civil. La nueva norma incluyó sanciones penales para personas y organizaciones que promuevan, financien o realicen “glorificación” de la filosofía LGTBI. Este aspecto de la ley generó alarma entre colectivos de derechos humanos, quienes denunciaron un clima de persecución creciente en las últimas semanas.
Testimonios recogidos por activistas indicaron que cientos de personas abandonaron las principales ciudades para refugiarse en el interior o en países vecinos. La difusión de identidades y direcciones en redes sociales, sumada a detenciones previas de figuras públicas y periodistas, alimentó un ambiente de temor en la comunidad afectada.
La sesión parlamentaria contó con el respaldo de 135 diputados, en su mayoría del partido gubernamental Pastef. No obstante, el debate evidenció divisiones políticas profundas. La mayoría de los 30 diputados de la oposición se ausentó de la votación como señal de protesta.
El diputado opositor Thierno Alassane Sall calificó la iniciativa como un “engaño” y denunció que el oficialismo utilizó el tema para desacreditar a regímenes anteriores.
Por su parte, el ministro del Interior, Bamba Cissé, cuestionó la falta de apoyo de la oposición y vinculó la defensa de los valores nacionales con la lucha contra la zoofilia y la necrofilia, conductas que la ley senegalesa agrupa bajo la misma categoría técnica.
Para que la reforma entre en vigor, el presidente Bassirou Diomaye Faye debe promulgar el texto. Este paso ocurre en un momento de divergencia política entre el primer mandatario y su primer ministro, Ousmane Sonko, sobre la dirección económica y electoral del país.
Senegal se suma así a la tendencia de naciones africanas como Uganda, Ghana o Burkina Faso, que recientemente endurecieron sus leyes contra la homosexualidad bajo el argumento de preservar valores tradicionales frente a lo que califican como influencias externas.
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