Mientras el Gobierno nacional busca extender los plazos de revisión y sumar talleres privados, la gestión de Axel Kicillof ratificó la obligatoriedad de los chequeos anuales para autos con más de dos años.
Mientras el Gobierno nacional busca extender los plazos de revisión y sumar talleres privados, la gestión de Axel Kicillof ratificó la obligatoriedad de los chequeos anuales para autos con más de dos años.
La disputa política entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo, esta vez centrado en la seguridad vial y el bolsillo de los conductores.
Tras el anuncio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sobre una flexibilización en los controles de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la provincia de Buenos Aires ratificó que no adoptará ninguna de las modificaciones propuestas y mantendrá vigente su actual esquema de controles obligatorios.
A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo bonaerense fue contundente: “La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos”.
Con esta definición, los vehículos radicados en suelo bonaerense que tengan más de 2 años de antigüedad deberán continuar con la revisión anual, a diferencia del esquema escalonado que pretende implementar Nación.
La reforma impulsada por el ministro Federico Sturzenegger busca que los autos 0 km realicen su primera revisión recién a los 5 años, extendiendo a dos años la frecuencia para vehículos de entre 5 a 10 años de antigüedad.
Además, la normativa nacional apunta a permitir que concesionarias y talleres particulares puedan realizar el trámite, hoy centralizado en plantas específicas.
Ante la negativa de La Plata, Sturzenegger recurrió a la ironía en sus redes sociales. Citando el comunicado provincial, el ministro disparó: “Bueno… a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, politizando una discusión que, desde el área de Desregulación, consideran una traba a la competencia y un costo innecesario para los ciudadanos.
Desde la cartera de Transporte provincial, los argumentos para resistir el cambio se centran en la transparencia del sistema y el federalismo interno. El ministro del área, Martín Marinucci, advirtió sobre el peligro de que los mismos talleres que reparan los autos sean quienes otorguen la oblea de aprobación.
“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, explicó Marinucci.
Según el funcionario, la exclusividad de las plantas garantiza que no existan intereses comerciales detrás de un rechazo técnico.
Asimismo, existe una preocupación por la cobertura en el interior de la provincia. Marinucci señaló que, en un mercado totalmente liberado, los prestadores se concentrarían solo en las zonas de alta densidad poblacional. “Una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, concluyó.
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